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03/03/009

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Los servicios públicos de alquiler son un despilfarro de dinero público


La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia que estos servicios cuestan cada año millones de euros y no mejoran en nada la situación de acceso a la vivienda.


La Plataforma por Una Vivienda Digna (PVD) ha realizado un análisis del funcionamiento y resultados de tres de los servicios públicos de alquiler que existen en nuestro país, llegando a la conclusión de que son inútiles para el objetivo de una vivienda digna y asequible, y por lo tanto los fondos gastados en ellos son un despilfarro de dinero público.

Los servicios analizados por la Plataforma son la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), del Ministerio de Vivienda, el Plan Alquila (PA) de la Comunidad de Madrid y la Agencia Municipal del Alquiler (AMA), del Ayuntamiento de Madrid.

En general estos servicios funcionan como intermediarios para fomentar el alquiler de viviendas, teóricamente con algunas ventajas tanto para inquilinos como para propietarios. Tras su análisis la PVD ha detectado las siguientes deficiencias:

Miles de peticiones “olvidadas”
El funcionamiento se inicia con la inscripción del inquilino potencial presentando garantías de ingresos mínimos y diversos documentos para probar su solvencia (nómina, avales personales, declaración de IRPF, etc.). Una vez inscrito, el interesado debe esperar a que le llamen de la agencia cuando surja una oferta de alquiler que ésta considere adecuada.

El proceso de inscripción se caracteriza por la burocracia, lentitud y falta de transparencia. Pero el gran problema es que el número de respuestas tras el contacto iniciado es muy bajo, a pesar de que cualquier persona inscrita ya está cumpliendo los requisitos. Desde la Plataforma hemos constatado, a partir de experiencias de cientos de ciudadanos, que muchos llevan inscritos más de 2 años sin que se les haya ofrecido ninguna vivienda.

Carencias en la oferta de pisos
El Plan Alquila y la Agencia Municipal de Alquiler no disponen de una base de datos de viviendas en alquiler accesible para quien se inscribe. En cuanto a la Sociedad Pública de Alquiler, su portal de Internet cuenta con menos de 400 viviendas disponibles en Madrid ciudad, muchas de las cuales son anuncios que datan de 2007.

Es decir, a pesar del elevado presupuesto de estas agencias, el servicio de oferta es mucho peor que el de algunos portales de Internet o inmobiliarias. El demandante de alquiler no tiene acceso a una base de datos suficiente de viviendas, sino que únicamente puede consultar las viviendas que la entidad considera adecuadas a sus posibilidades, y esto únicamente una vez que se ha inscrito y demostrado solvencia.

Resultados muy escasos
El número de contratos de alquiler que movilizan estas entidades es alarmantemente bajo. Ninguna de estas agencias llega a cerrar más de 350 alquileres por mes, y en el caso de la SPA esta cantidad se refiere al ámbito nacional. Mientras, sólo en la Comunidad de Madrid existe un parque de 332.000 viviendas en alquiler, de las cuales el 13% de los contratos, 43.000, tiene menos de 2 años (datos del Ministerio de Vivienda).

Precios desorbitados
Las 3 entidades declaran descuentos con respecto al precio de mercado del 10 al 20%, pudiéndose encontrar pisos de 70m2 en Madrid por entre 750 y 870 euros al mes. Esto no supone absolutamente ninguna solución al problema de la vivienda, ya que los sueldos de la mayoría de los jóvenes y de las personas que buscan alquiler rondan los 1.000 euros al mes. Para la Plataforma es un tremendo error valorar un servicio público de alquiler comparando los precios de la oferta de pisos con los precios del mercado. Si el objetivo es el acceso a la vivienda, los precios deben compararse con los ingresos mensuales de los usuarios de estos servicios.

El plan Bizigune del País Vasco, por ejemplo, alquila viviendas de tamaño similar (70m2) en Bilbao o San Sebastián por menos de 300 euros al mes. La diferencia no está en el cambio de Comunidad, ya que los precios en Madrid, Bilbao y San Sebastián son parecidos, sino en el funcionamiento del servicio. En la comunidad vasca la Administración alquila al propietario a un precio ligeramente inferior al de mercado, y luego subvenciona parte del alquiler al inquilino. Esto sí supone un cambio real en la situación de acceso a la vivienda, aunque Estado pensando en el largo plazo, el Estado no debería aportar dinero que termine en manos de los propietarios, sino alojar a los más necesitados y luchar por reducir los precios de los alquileres en su conjunto.

Importa más el propietario
En los servicios analizados el propietario cuenta con ventajas adicionales con respecto al alquiler privado, como son garantía de cobro de la renta, cobertura jurídica y arbitraje en caso de impago, seguro gratuito de impagos y desperfectos, ayudas para la puesta en uso de la vivienda y búsqueda gratuita de inquilino solvente.

Sopesando las ventajas para inquilino y propietario, los tres planes analizados muestran mayor énfasis a la hora de proteger los intereses de estos últimos –los propietarios-, en especial el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid.

Pero además, según varios testimonios y las características del proceso de inscripción, al demandante de vivienda en alquiler se le trata desde el principio como “moroso en potencia”. Esto contrasta fuertemente con la estadística, ya que la morosidad por alquiler en España no supera el 2%.

Presupuestos disparatados
Para los resultados de estas agencias sus presupuestos son realmente disparatados. La Sociedad Pública de Alquiler se puso en marcha en 2005 con un capital inicial de 20 millones de euros, y para su mantenimiento se han venido presupuestando unos 6 millones de euros cada año. Sus resultados son, como hemos dicho, menos de 350 viviendas alquiladas al mes en todo el territorio nacional, a precios cercanos a los de mercado.

Por su parte, el Plan Alquila ha costado a los madrileños 3,5 millones de euros sólo en 2008.

Conclusiones y propuestas
Está demostrado que la capacidad de estos servicios para fomentar los alquileres y el acceso a la vivienda es muy baja, y su influencia en limitar los precios de los alquileres es nula.

Todo apunta, además, a que la auténtica finalidad de estas agencias no es ofrecer alquileres en buenas condiciones a las personas que necesitan una vivienda, sino localizar demandantes solventes para propietarios que deciden alquilar sus propiedades. Esto explicaría que miles de peticiones de demandantes nunca reciban respuesta.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna creemos que estos servicios no suponen ningún cambio positivo en la lucha por el acceso a una vivienda digna a un precio razonable y son, dados sus presupuestos, un tremendo despilfarro de dinero público. Su difusión es fundamentalmente electoralista, y además es un grave ejercicio de cinismo ya que presentan como orientado a los demandantes de vivienda jóvenes un servicio diseñado sobre todo para los propietarios.

Por todo ello, la PVD solicita una reforma profunda de las agencias analizadas, orientándolas hacia modelos que pretendan realmente facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a precios razonables. Estos modelos están implantados hace años en los principales países europeos.

En cualquier caso, un crecimiento real y generalizado del alquiler accesible sólo vendrá con medidas de carácter más profundo, varias de la cuáles hemos recogido en el documento “40 propuestas por una vivienda digna”, elaborado por los distintos comités de la Plataforma y disponible en www.viviendadigna.org.

Entre dichas medidas, la PVD propone la eliminación de la desgravación fiscal por compra de vivienda y un aumento de la relativa al alquiler; la penalización de la vivienda vacía (perfectamente normal en países como Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda o Italia); y la creación de un parque de viviendas públicas en alquiler, de las que sólo en Francia existen cuatro millones, mientras que en España no se llega a las cien mil.

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