Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados
El vicepresidente de la Asociación Española de Promotores de Vivienda y Suelo (AVS), Pablo Olangua, ha instado a concentrar una parte de las deducciones por la compra de una vivienda protegida (VPO) en los primeros cinco años, para compensar la eliminación de las ayudas directas a la compra de vivienda protegida (AEDE) en 2010.
Actualmente, la deducción por compra habitual se mantiene para aquellos con rentas inferiores a los 17.000 euros anuales y desaparece progresivamente hasta los 24.000 euros, de forma que, a partir de este umbral de renta, lo propietarios ya no tienen derecho a este beneficio fiscal.
Durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, Olangua señaló que esta medida, de la que tomó buena nota el portavoz de CiU, Pere Macías, para su posible formulación como propuesta a los grupos parlamentarios, permitiría reducir el esfuerzo económico de los compradores.
Según los promotores públicos, ‘lograr financiación es una misión imposible para los adjudicatarios de VPO. Es difícil conjugar un esfuerzo del 30% de las rentas para la compra con el precio de la vivienda y las condiciones de solvencia que piden los bancos’.
Otras alternativas para desbloquear esta situación, serían la aplicación de un IVA superreducido del 4% en lugar del 8% en la compra de vivienda o mantener las ayudas directas a la compra para rentas inferiores a 3,5 veces el Iprem (22.365 euros brutos anuales).
Por el lado de los promotores, la AVS denuncia que los tipos de interés de los créditos convenidos para compra de VPO dentro del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 están frenando este mercado.
Según dijo, al ser tipos más reducidos, la banca considera que están ‘fuera de mercado’, con lo que no conceden financiación a los adjudicatarios, que se ven obligados a renunciar a la vivienda por esta razón. En este sentido, apostó por que se ‘garantice’ la adjudicación de estos créditos convenidos, con los tipos de interés.
Por último, Olangua ha pedido que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie el 50% de las promociones de vivienda protegida, de forma que se minimice el riesgo a la banca privada, que debería encargarse sólo del 50% restante.
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