Expertos en el mercado inmobiliario proponen suprimir la creación de más vivienda protegida (VPO) en propiedad y dedicar todos los recursos disponibles a financiar ayudas al alquilar de vivienda libre para las personas con bajos niveles de renta.
Esta es una de las cuatro medidas propuestas en el informe 'Por un mercado de la vivienda que funcione: Una propuesta de reforma estructural' elaborado por Fedea y presentado en Madrid.
"No se plantea una disminución de la protección social en España, sino que se deje de subvencionar al ladrillo en favor de las personas", explicó el catedrático de la London School of Economics Luis Garicano, que presentó el informe junto a al director del CEMFI, Rafael Repullo, y el empresario César Molinas.
Con esta medida se conseguiría sacar al mercado de alquiler las viviendas desocupadas y el actual stock de casas, que alcanzará un total de 650.000 a finales de 2009. El parque de viviendas español se compone de un 85% en propiedad, un 16% de vivienda desocupada y un 13% en alquiler, de estas últimas, sólo entre el 1% y el 2% de los arrendamientos tienen ayudas públicas.
El informe mantiene que al incluir la posibilidad del alquiler con opción a compra en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 se niega en parte el objetivo de llegar a que un 40% de la vivienda protegida sea en alquiler.
La segunda propuesta destacada es la supresión con carácter inmediato de todos los incentivos fiscales a la compra de vivienda, cuya eliminación el Gobierno ha retrasado hasta 2011, y que estos recursos se destinen a financiar una desgravación para el alquiler.
"Este retraso favorece la venta de viviendas y está retrasando la bajada de los precios", apuntó Repullo. En este sentido, Garicano matizó que el precio de la vivienda en España "sigue siendo caro y aún tiene que haber un ajuste".
El informe califica de "generosa y de alto coste fiscal" la actual deducción en el Impuesto de sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de la vivienda, que puede alcanzar una reducción en la cuota de un máximo de 9.015 euros por año.
Otra de las medidas propuestas supone la eliminación o reducción drástica del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que recaudan las comunidades autónomas, con el objetivo de dinamizar la compraventa de viviendas y favorecer la movilidad geográfica.
Para evitar la caída de las recaudación, los expertos sugieren compensar la medida con un aumento del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), con la inclusión de un tramo autonómico, ya que la competencia de este impuesto corresponde a lo ayuntamientos.
"La reforma competencial y estructural tiene que venir de la mano de un gran pacto de Estado", afirmó Garicano. Repullo, por su parte, alertó de la "pérdida total del recurso reformador" y abogó por la creación "de un impulso para mover los cambios más allá de los resultados electorales".
El informe solicita potenciar el mercado del alquiler mediante la liberalización de los contratos, el aumento de la seguridad jurídicas de los propietarios y la reducción de trabas a los inquilinos.
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