

La nueva estrategia inmobiliaria del Gobierno, pese a habilitar 2.000 millones extra, no consigue sus objetivos y no se financia VPO en lo llevamos de año.
Desde el 24 de diciembre de 2008, fecha en la que se aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para 2009-2012 (PEVR), los bancos y las cajas de ahorros no han concedido financiación para la compra de las viviendas protegidas auspiciadas por el Ejecutivo.
Y eso que Moncloa habilitó una partida extra de 2.000 millones de euros –como adelantó EXPANSIÓN el 11 de febrero– para que las entidades que colaboran con el plan pudiesen “dar préstamos convenidos con cargo a dicha reserva”, para “mantener los niveles de actividad en el subsector protegido de vivienda [que el Gobierno quiere elevar hasta las 150.000 edificaciones anuales] y rehabilitación”.
apatero y ha preferido rearmarse para la nueva etapa de predominio de la VPO con tipos bajos. Y no comenzará a prestar hasta que se apruebe el nuevo convenio de financiación, cuya firma será inminente.
Esa “actividad” que pretendía mantener el Ministerio de Vivienda no sólo no se ha recuperado, sino que ha caído durante 127 días en una espiral con tendencia a cero. El mismo tiempo en el que más de 800.000 personas han engrosado las listas del paro, 160.000 de ellas del sector de la construcción. Y no se puede obviar que la principal misión de la nueva política inmobiliaria era mitigar el derrumbe laboral y económico del castillo de naipes inmobiliario.
Ayudas
Buena parte de los 11.700 millones de euros con los que cuenta el plan está destinada a ayudas para mejorar la financiación de la compra de una vivienda. Entre las partidas congeladas están la subvención directa para la entrada de hasta 12.000 euros, los prestamos convenidos para VPO con intereses más bajos a los del mercado o los préstamos subsidiados para ayudar al pago de la cuota hipotecaria mensual. La intención de Vivienda es ayudar a más de un millón de familias hasta 2012.
Buenos presagios que llevan 18 semanas inutilizados, tiempo en el que bancos y cajas se han rebelado contra las intenciones de la ministra, Beatriz Corredor –como avanzó este diario el 6 de marzo–. Decidieron cerrarse en banda y no financiar VPO hasta la aprobación del convenio financiero.
La consecuencia directa es que los 2.000 millones que les puso en bandeja Corredor han resultado un sonoro fracaso. “No se ha hecho nada; si alguien ha financiado algo ha sido de forma meramente testimonial”, aseguran portavoces de las cajas, que gestionan más del 70% de los préstamos del Plan de Vivienda.
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