La caída de la actividad residencial privada puede paralizar el crecimiento del PIB español y andaluz, ‘salvo que se compense con obra civil’, según indicó el director del Área de Investigación de Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, quien recordó que ‘cada diez viviendas que se dejen de construir generarán entre 20 y 30 desempleados, absorbibles por cada millón de euros que se destine a infraestructuras con inicio de ejecución inmediato’.
José Antonio Pérez precisó que los Presupuestos Generales del Estado para 2008 ‘no han crecido lo suficiente en infraestructuras como para absorber la bajada del residencial privado, puesto que el incremento del residencial público, siendo notable, no compensa la caída del privado, que supone el 90% del sector’.
Consideró que la situación actual ‘puede ser un momento de oportunidad para aquellas empresas que tienen una estrategia definida y consolidada, y será un momento negro para los oportunistas’.
José Antonio Pérez abogó por tener ‘especial prudencia’ en los próximos meses, ya que los datos inmobiliarios mensuales, según los modelos econométricos, ‘son totalmente aleatorios, marcando tendencias a largo plazo pero no en la evolución mensual’.
Este experto consideró que las medidas en materia de vivienda anunciadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central ‘no entran de lleno en solucionar los problemas de accesibilidad económica a la vivienda’.
En su opinión, la ‘clave’ de estas medidas ‘puede estar en ayudar a la persona, para que ella decida libremente donde y qué compra o alquila, de manera que en el momento que su situación económica o social desfavorecida desaparece, se redistribuye su ayuda al acceso económico de la cuota mensual, vía propiedad o alquiler, a otra persona que lo necesite’, apuntó.
‘Las estrategias que funcionan no es regalar coches para que la gente compre una vivienda, sino mejorar la accesibilidad económica para los ciudadanos puedan comprar esa vivienda’, agregó.
El experto puntó que estos anuncios realizados por las administraciones públicas ‘ya han afectado paralizando la decisión de compra o alquiler de quién estaba tomando la decisión y se estaba esforzando en mejorar su situación económica para acceder al mercado libre, que representa el 95% de las operaciones reales de compra-venta, tanto nuevas como de segunda mano’.
Sobre la viabilidad económica de estas medidas desde el sector público, este experto indicó que a priori ‘cualquier decisión es viable cuando sus niveles de inversión están adecuadamente financiados entre recursos propios y ajenos para que se puedan amortizar las deudas contraídas para dicha inversión, por lo que es necesario conocer el presupuesto de inversión, su estructura de financiación y el tiempo de ejecución, una clave que hará tangible y real su viabilidad’.
José Antonio Pérez precisó que ‘la realidad de la vivienda protegida en España se centra en que escasamente el 10% de las viviendas nuevas entregadas tienen algún tipo de protección’, por lo que ‘invertir estas tendencias de mercado quizás no sea lo más razonable, ya que el mercado libre se va ajustando por sí solo con la ley de la oferta y la demanda’.
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