La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dijo que quiere elaborar un registro de demandantes de vivienda protegida, medida que será esencial para controlar 'definitivamente' el fraude en la concesión de este tipo de inmuebles.
Durante su intervención en la jornada 'El cooperativismo de vivienda, una aportación a la economía social', organizada por la cooperativa de viviendas de CCOO, Vitra, la ministra pidió la colaboración de los cooperativistas para poder elaborar el citado registro.
Pretende que el registro funcione en todas las CCAA y Ayuntamientos, ya que su finalidad es aportar más transparencia, información y control en la concesión de ayudas estatales a vivienda protegida.
La ministra, que se reunirá mañana martes 17 de junio con las CCAA para debatir las líneas maestras del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, manifestó que el sistema de sorteo, utilizado por algunas administraciones, es 'injusto'. Abogó por introducir la baremación, incluso, para las viviendas en alquiler, algo que supone 'un elemento de justicia social'.
La titular de Vivienda pidió el apoyo de cooperativistas y sindicalistas para configurar un parque de viviendas en alquiler gestionado por los usuarios y les pidió que le manifiesten sus sugerencias de cara a elaborar el próximo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012.
La ministra reconoció que los promotores han ido a verla, 'no como novios sino como pretendientes', y recordó que, mientras en 2004 los empresarios decían al Gobierno que no interfiriese en la lógica de la oferta y la demanda, ahora piden la intervención en el sector inmobiliario para paliar la situación.
Durante estas jornadas organizadas por CCOO para celebrar el 20 aniversario de Vitra, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que la respuesta a la situación actual del sector pasa por que 'una de cada tres viviendas nuevas sea protegida'.
El ministro califica de 'irrenunciable' este objetivo, ya que mientras no se consiga habrá problemas para acceder a una 'vivienda digna y a un precio justo'.
Corbacho atribuyó la desaceleración del sector al ritmo de construcción de viviendas, que ha pasado de edificar 700.000 a 200.0000 inmuebles al año, cuando la demanda se ha mantenido en las 400.000.
Ahora, la vivienda de protección pública debe iniciar el recorrido para construir las 200.000 viviendas de desfase que reclama la demanda, de forma que se cubran las necesidades de los ciudadanos y recuperar el empleo en la construcción.
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