El plan vivienda 2005-08, recogerá una tipología de vivienda protegida en alquiler, de carácter transitorio, con un mínimo de 30 y un máximo de 45 metros cuadrados y dirigida a personas menores de 35 años.
Reconoció el «gran esfuerzo» de las CC AA para alcanzar el consenso en una fórmula que, dijo, se repetirá en la elaboración de la ley del Suelo y el Código Técnico de Edificación, que el Gobierno confía en aprobar también este año.
La Ministra admitió que la calificación de vivienda de protección oficial (VPO) no se extenderá a toda la vida útil de los inmuebles, sino a un período mínimo de treinta años, el mismo que establece un real decreto de 1978, aún vigente, que define ese plazo como la «vida útil» de un inmueble.
Así, las CC AA podrán decidir si amplían o no ese período; Cataluña, por ejemplo, prevé prolongarlo hasta los noventa años, y Asturias, hasta la declaración de ruina del inmueble.
El Ministerio recoge de esta forma, al menos en parte -puesto que algunas CC AA, como Murcia, aún consideran ese plazo excesivamente largo y piden que se reduzca a veinticinco años- una de las peticiones más demandadas por las CC AA gobernadas por el PP y por algunas del PSOE, como Andalucía y Castilla-La Mancha.
La otra petición, sobre el inicio del registro de compraventa de VPO, se ha resuelto concediendo a las CC AA un «período de transición» en el que podrán utilizar «instrumentos análogos de control» hasta que elaboren sus propios registros, explicó la Ministra.
Trujillo defendió la implantación de este registro -que gestionarán las CC AA, tal como ya hace la de Aragón- y la calificación de VPO durante treinta años -el plazo medio actual, que determina cada comunidad, es de quince años- como medidas «para eliminar el fraude y conseguir que exista un parque protegido de viviendas, que es lo que demandan los ciudadanos».
La Ministra hizo público los datos de una encuesta de evaluación del sistema de elaboración del plan.
Trujillo destacó el "importante" esfuerzo del Gobierno por este plan, al duplicar los recursos económicos con la aportación de 6.822 millones de euros, por lo que subrayó la necesidad de utilizar los recursos económicos de forma "eficiente" a través del aumento de los mecanismos de control y seguimiento.
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