Una vivienda social tiene una vida útil diferente según sean sus características. En el caso de los inmuebles en venta, tienen un periodo activo de 15 años, según el Plan regional, y de 30 años, según el Plan estatal.
La Comunidad de Madrid ha adquirido una vivienda protegida usada por su precio oficial al ejercer su derecho de tanteo por primera vez en la historia, una medida que pretende evitar el fraude en el mercado de vivienda protegida de segunda mano. A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha un conjunto de medidas para aumentar el control en los actos de compraventa de pisos protegidos usados.
El pasado octubre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicó la Orden de Tanteo y Retracto por la que autorizaba al Ejecutivo regional a adquirir con carácter preferente cualquier vivienda que se ponga en venta en segundas o sucesivas transmisiones, siempre que se mantenga dentro del régimen de protección pública.
En ejercicio de este derecho, el Gobierno de Aguirre ha adquirido una vivienda protegida del PAU de Carabanchel, promovida en régimen de cooperativa y cuyos propietarios habían comunicado al Ejecutivo regional su intención de venderla. Se trata de un piso social de 75 metros cuadrados útiles, más garaje y trastero, por el que se ha pagado 136.746 euros, a razón de 1.474 euros por metro cuadrado, el precio oficial fijado actualmente para el municipio de Madrid.
Este piso será asignado al Ivima para que después lo adjudique según los criterios de acceso a una vivienda protegida. La Comunidad, que cuenta con una partida presupuestaria destinada específicamente al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, tiene la intención de continuar ejerciendo su derecho de compra preferente en los próximos meses.
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