La Confederación de Afectados por Estafas Inmobiliarias (Cafines), un colectivo que cuenta con más de 5.000 asociados en toda España, convocaron para ayer una concentración de protesta en A Illa de Arousa (Pontevedra) ante la vivienda de veraneo del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ubicada en la Urbanización Cabo Deiro-O Furado, conocida en el lugar como ‘villa PSOE’, que acomete la empresa Residencial Illa de Arousa.
Pretendían encadenarse, pero, según aseguran, el despliegue de la Guardia Civil en la zona se lo impidió.
Cafines indicó que corroboró la vinculación de José Blanco a esta urbanización a través de la declaración de herencia que se efectuó a nombre de su mujer para acreditar la solvencia necesaria para acometer la obra. De este modo, denunciaron que este inmueble se encuentra a menos de 100 metros del mar, lo que supone una vulneración de la Ley de Costas, además de registrar supuestas irregularidades en altura y otras deficiencias.
El vicepresidente y portavoz de Cafines, Raimundo Piñeiro González, aseguró que la urbanización ‘no se ajusta a derecho’ y cuando requirieron documentación al respecto no fue facilitada. ‘Por eso queremos sensibilizar a los políticos y jueces’, sentenció.
Por todo ello Cafines denunció ante la Fiscalía la supuesta construcción ilegal que se está llevando a cabo en A Illa de Arousa en la que aportó fotos y pruebas documentales, como los continuos requerimientos al ayuntamiento para que entregue el proyecto, el reformado y el informe urbanístico y técnico. En la denuncia consta también que en la denominada ‘villa PSOE’ compraron propiedades altos responsables del Partido Socialista.
El alcalde del municipio, el socialista José Vázquez Vázquez, defiende la tesis de que las licencias estaban concedidas antes de que fuera obligatoria la aplicación de la norma. Sin embargo, posteriormente se han emitido varias órdenes de derribo sobre algunos edificios de los alrededores ubicados a más distancia de la orilla.
Este colectivo denunció, asimismo, recientemente otras actuaciones supuestamente ilegales en Galicia, entre las que destaca la demanda interpuesta ante la Fiscalía provincial de Vigo en la que se asegura que personas de etnia gitana fueron excluidas de un proceso de selección de trabajadores con cargo al plan de empleo que el actual alcalde, Abel Caballero, lideró cuando presidía la Autoridad Portuaria.
Además de los casos reseñados, las principales quejas de los socios de Cafines se dirigen contra las entidades privadas que promueven la unificación de créditos y deudas y pactos de retroventa. Al respecto, afirmaron que este tipo de empresas actúan con total impunidad. ‘Embargan, subastan y se quedan con los inmuebles a precio de ganga’, afirmó Raimundo Piñeiro. ‘Constituyen verdaderas mafias organizadas en las que hay muchos intereses creados, que en muchos casos se relacionan contra el narcotráfico’, concluyó.
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