Este próximo sábado 15 de diciembre a las 12:00 horas, a las puertas del Ministerio de Economía (C/ Alcalá, 9), se realizará un acto simbólico en el que se pedirá la dimisión del Ministro de Economía y Vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes.
Para la PVD, mientras Zapatero propone medidas sociales, las leyes que salen del Ministerio de Economía son las más antisociales de la última década, y agravan las dificultades de acceso a la vivienda de los ciudadanos.
En España, las principales competencias en materia de vivienda recaen sobre la Administración Autonómica y los ayuntamientos. Sin embargo, la Administración Central, concretamente el Ministerio de Economía, cuenta con dos herramientas poderosas que afectan directamente a la capacidad de los ciudadanos de acceder a una vivienda: la política fiscal y la regulación hipotecaria. Ambas han sido modificadas en esta legislatura.
Con estas herramientas, el Ministerio de Economía, cuenta con más capacidad de influencia que el propio Ministerio de la Vivienda.
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna, organización ciudadana creada en 2003 para defender el derecho a la vivienda, hemos analizado la gestión desarrollada por el Ministerio de Economía y Hacienda desde el principio de la legislatura. Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras: todas las medidas y actuaciones del ministerio que más puede hacer por el objetivo de una vivienda digna, el de Economía, dan la espalda a la que es ya la segunda preocupación de los ciudadanos. Recordando las aparentes preocupaciones del ejecutivo en esta materia, las actuaciones del Ministerio de Economía resultan una auténtica estafa.
Por ello solicitamos la dimisión inmediata de Pedro Solbes. Solicitud que se argumenta en las siguientes causas:
- Por haber incumplido la promesa electoral de eliminar las deducciones fiscales para la compra de nuevas viviendas. La PVD quiere recordar que el deber del Estado es garantizar el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de la vivienda. El ministro Solbes, que hipócritamente presume de no intervencionista, ha mantenido esta intervención en el mercado que eleva los precios hasta un 20% según los expertos, propiciando la adquisición de vivienda frente a otras formas de acceso. Las deducciones fiscales a la compra consumen además dos tercios de los presupuestos dedicados a políticas de vivienda y terminan.
- Por empeñarse, al mismo tiempo, en limitar las deducciones fiscales por alquiler propuestas tanto por Trujillo como por Chacón. Por alguna razón, desde el Ministerio de Economía se ha seguido apoyando en esta legislatura la adquisición de vivienda en propiedad, cuando la gran mayoría de expertos apuntan al alquiler como una de las soluciones del problema y así se ha venido trabajando en la mayoría de países europeos.
- Por redactar una ley hipotecaria que es como una patada al derecho a la vivienda de forma sostenible. Una ley que se ha elaborado al dictado de los grandes bancos y ha despreciado enmiendas de corte social y vías para favorecer el acceso a la vivienda a medio y largo plazo. Esta ley, recientemente aprobada, debería haber incluido como mínimo un límite en la duración y cuantía de los créditos hipotecarios, como ocurrió con la ley Niertz de 1989 en Francia. Esto hubiera ayudado a contener los precios y por lo tanto a facilitar el acceso a la vivienda, sin coste alguno para la Administración. Una muestra de la sumisión de Solbes en esta ley a los bancos y grandes empresas urbanísticas es que su socio para la aprobación en el Congreso ha sido precisamente el Partido Popular.
- Por haber cambiado en la práctica la frase “Hacienda somos todos” por “Hacienda somos todos, menos los constructores y promotores inmobiliarios”. Según la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), el fraude fiscal en el sector inmobiliario asciende a 8.600 millones de euros en el último año. La misma asociación afirma que se persigue de forma masiva la fiscalidad de las rentas del trabajo, mientras esta bolsa de fraude se mantiene.
- Y por negarse en redondo a fiscalizar los 3 millones de pisos vacíos que hay en España, como ya se hace en otros países europeos desde hace años. La salida al mercado de estas viviendas bajaría los precios y supondría una solución para millones de ciudadanos.
Todos estos puntos tienen como resumen que las decisiones y actuaciones del Ministerio de Economía relacionadas con la vivienda han ido encaminadas a: 1. Proteger la burbuja inmobiliaria. 2. Mantener el alquiler en tasas ridículas comparadas con nuestro entorno. 3. Proteger los intereses de las grandes empresas inmobiliarias y financieras y fomentar sus beneficios.
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna estamos atónitos por el hecho de que el ministro Solbes siga perteneciendo al equipo creado por el presidente Zapatero, ya que, mientras éste anuncia medidas sociales, el ministro de economía pone en marcha leyes o iniciativas profundamente antisociales que, aunque menos tangibles, suponen un mayor perjuicio en el día a día de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes.
Por todo ello, desde la Plataforma insistimos en nuestra solicitud de dimisión del ministro Solbes, invitando al ejecutivo a tomar de una vez por todas medidas que solucionen el cáncer de la vivienda en España desde su raíz. Medidas que pasan por la financiación de los ayuntamientos, las filtraciones de dinero del urbanismo a las instituciones, el control del dinero negro en la VPO, la salida al mercado de los pisos vacíos, la eliminación de las deducciones fiscales por compra y la creación de un parque público de viviendas en alquiler extenso, como ya existe en muchos países de la UE.
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