La Asociación Jueces para la Democracia aseguró que la creación de los diez juzgados de primera instancia de lo civil, previstos en el Plan de Fomento del Alquiler del Ministerio de Vivienda, ‘no está justificada’, entre otras cosas, por la escasa complejidad jurídica del desahucio.
En su lugar, la organización propuso la creación de unidades especializadas y específicas en los Servicios Comunes (servicios de notificación de resoluciones judiciales).
La asociación vertió éstas y otras críticas sobre las medidas previstas en el Plan aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, relativas a la modificación del procedimiento del desahucio por impago y a la creación de juzgados especializados en esta materia, seis de los cuales se implantarán en Madrid desde principios de 2008, según desveló recientemente la ministra de Vivienda, Carmen Chacón.
Los jueces mostraron su ‘preocupación’, dado que, en contra de lo que se ha venido reiterando desde el Ministerio, ‘no ha habido ningún contacto’ desde el Gabinete de Chacón con jueces, secretarios y personas de la Administración de Justicia, previo a la aprobación de estas iniciativas.
Pusieron de manifiesto un ‘error de enfoque’ en la formulación de estas medidas, ya que, a su juicio, se centran exclusivamente en la protección del propietario y no tienen en cuenta su responsabilidad en relación a la garantía del mantenimiento de la vivienda en condiciones de habitabilidad, las cláusulas abusivas que pueden aparecer en estos contratos y la inseguridad jurídica a la que también se somete el arrendatario.
‘Pretender generalizar la figura del 'moroso profesional' y utilizar este enfoque para reducir garantías procesales no parece que sea el camino más adecuado para que los inquilinos vean en el arrendamiento una opción razonable de acceso a la vivienda’, sentenciaron.
Desde la organización se asegura que ‘no consta que se haya realizado un estudio riguroso de las causas de duración del procedimiento de desahucio’ antes de articular las medidas.
Según datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial, la duración estimada de uno de estos procesos hasta sentencia es de 3,99 meses en los juzgados de primera instancia, mientras que, en los Servicios Comunes, el tiempo medio que transcurre desde que se recibe la petición de lanzamiento hasta que se ejecuta es de sólo 30 días.
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