El relator de Vivienda de la ONU sostiene que las familias caminan hacia la insolvencia por el encarecimiento de las hipotecas
Según Miloon Kothar, el alto precio de los pisos, el nivel de endeudamiento y las subidas de tipos de interés pueden conducir a la insolvencia a muchas familias.
La ONU da la alarma sobre la situación de la vivienda en España. Mientras promotores, entidades financieras y gobiernos hablan sólo de riesgos moderados y «aterrizajes suaves» en el sector inmobiliario, el relator especial de Naciones Unidas para la Vivienda, Miloon Kothari, recomendó ayer al Gobierno español que alerte abiertamente a ciudadanos e inversores de que el país «se enfrenta a una grave crisis» inmobiliaria.
«El Gobierno trabaja en el buen camino, pero debe intervenir más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis que afectará a gran parte de la población», declaró el experto de Naciones Unidas.
Kothari visitó España a finales de 2006 a invitación del Ejecutivo y estudió en concreto los casos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Su objetivo era elaborar un informe con recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, aunque ayer lo fueron sus conclusiones preliminares, que ya se expusieron hace unos días ante ese mismo organismo.
«El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40 por ciento de su salario al pago de hipotecas», explicó Kothari, quien valoró la respuesta del Gobierno español y su compromiso a colaborar con su mandato. Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el «acceso a la educación, la alimentación o el vestido».
El relator subrayó que sólo el 12 por ciento de las viviendas se alquila, «uno de los porcentajes más bajos de Europa», y «prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2 por ciento calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30 por ciento de otros países europeos».
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