Las ayudas al alquiler de 210 euros a jóvenes de entre 22 y 30 años se tramitarán en un plazo máximo de dos meses desde su solicitud

Plan de Ayuda a la Emancipación y Fomento del Alquiler

Así lo establecieron en el borrador del Real Decreto que la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, y representantes de las comunidades autónomas trataron esta tarde en conferencia sectorial.

De esta forma, las primeras ayudas podrían hacerse efectivas en el mes de marzo, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales.

La mayoría de las Comunidades Autónomas expresaron su voluntad de colaboración y su respaldo a la fórmula de gestión compartida propuesta por el Ministerio de Vivienda, excepto la Comunidad de Madrid, cuyos responsables rechazaron acudir al acto.

Con el objetivo de agilizar al máximo la gestión y tramitación de las ayudas, Chacón anunció que Vivienda elaborará una aplicación informática para que las Comunidades Autónomas puedan recabar datos e información de los solicitantes a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, informó el Ministerio en un comunicado. Así, podrán confirmar directamente si el joven de entre 22 y 30 años que solicita la ayuda cumple con las condiciones de tener contrato de trabajo y cobrar menos de 22.000 euros brutos anuales.

Carmen Chacón propuso a los responsables de Vivienda de Comunidades y Ciudades Autónomas que el sistema de concesión de ayudas tenga una revisión anual para evitar posibles casos de fraude y controlar que los beneficiarios que dejen de cumplir los requisitos sigan percibiendo las ayudas.

El sistema de gestión propuesto prevé que los solicitantes de las ayudas puedan acceder al formulario en la página Web del Ministerio de Vivienda y a través de la Red de Oficinas de las Comunidades Autónomas, donde deberán presentarlo junto con el resto de documentación.

Entre estos documentos, aparte de la solicitud, debe figurar el contrato de arrendamiento, la referencia catastral del inmueble y el número de afiliación a la Seguridad Social del demandante. Una vez presentada la solicitud, las Comunidades Autónomas podrán recabar los datos de los solicitantes a través de las delegaciones territoriales del Catastro, de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para comprobar que los posibles beneficiarios cumplen los requisitos establecidos.

A partir de ese momento las Comunidades Autónomas dispondrán de un plazo máximo de dos meses para resolver la solicitud y trasladarla al Ministerio de Vivienda, que autorizará el pago de la ayuda al joven inquilino.

Por otra parte, la titular de Vivienda iniciará mañana una ronda de visitas a cada una de las Comunidades Autónomas con el objetivo de impulsar la ejecución de los planes de Vivienda convenidos con cada una de ellas y asegurar que la gestión de las ayudas esté a punto a partir del próximo uno de enero. En concreto, hoy martes, la Ministra realizará el primero de estos viajes para presidir la Comisión Bilateral con Asturias (una de las Comunidades que ya ha mostrado un mayor interés en empezar a gestionar las ayudas a la emancipación previstas en el Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso al Alquiler).

El consejero de Vivienda del Principado de Asturias, Francisco González Buendía, fue el encargado de avanzar a los medios esta novedad, en calidad de portavoz de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, en el transcurso de la reunión. Así, puso de manifiesto el interés generalizado por que estas ayudas se materialicen desde el próximo 1 de enero "en unos plazos breves". Asimismo, concretó que otro de los objetivos fijados en el documento provisional es que cada solicitud requiera "los menores documentos posibles", ya que, dijo, "es lo que la sociedad viene reclamando".

Francisco González sostuvo que existe un consenso entre las comunidades al considerar los 22 años la edad a la que se inicia el problema de la emancipación, así como en la necesidad de que sean las comunidades autónomas las que gestionen las ayudas.

Las ayudas fijadas por el Gobierno están cifradas en 210 euros al mes durante cuatro años, lo que supone un máximo de 10.080 euros. Además, se completarán con préstamos de 600 euros para las fianzas, así como la dotación de avales. El Ministerio de Vivienda firmará convenios de colaboración bilaterales con las comunidades autónomas en los que se verán las necesidades de adaptación a cada comunidad autónoma de las rentas de emancipación.

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