Chacón asegura que actualmente nueve de cada diez viviendas protegidas construidas en la Comunidad de Madrid están financiadas por el Gobierno de España y que en dicha Comunidad sólo se construye un 18% de viviendas de protección oficial.
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha señalado, en relación con el Recurso de Inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la Ley de Suelo estatal, que "es más que respetable que un gobierno autonómico desee recurrir la ley, pero es un mal servicio a los ciudadanos engañar a la gente". Así, ha subrayado, en contra de lo que asegura el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que la Ley Suelo reserva un mínimo obligatorio del 30% para vivienda protegida. Un porcentaje que las Comunidades Autónomas pueden aumentar libremente. "Me hubiera encantado -ha dicho Chacón- que Esperanza Aguirre hubiera destinado hasta un 60% del suelo a vivienda protegida, pero en el momento actual 9 de cada 10 viviendas protegidas construidas en la Comunidad de Madrid las está financiando el Ministerio de Vivienda".
Además, Chacón ha insitido en que la Ley de Suelo "combate de forma seria la especulación urbanística, busca la transparencia y el control del fraude y persigue un desarrollo más sostenible y humano". "Estas -ha dicho la Ministra- son las verdaderas razones que han llevado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a recurrir la nueva normativa del Suelo. Al Ejecutivo de Aguirre nunca le ha gustado trabajar para combatir la especulación, por la transparencia y el control urbanístico, ni por un desarrollo humano".
En esta línea Chacón ha denunciado que, aunque la Ley de la Comunidad de Madrid obliga a destinar una reserva de suelo del 50% para vivienda protegida, en la actualidad sólo un 18% del total de viviendas construidas en dicha Comunidad son de protección oficial.
La nueva Ley de Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de julio, ha sido la norma estatal reguladora del suelo que ha obtenido el mayor respaldo parlamentario de la democracia, al obtener todo el apoyo del arco parlamentario, con la única excepción del Partido Popular.
Para justificar el recurso contra el texto presentado esta mañana, la Comunidad de Madrid señala que la norma estatal invade competencias autonómicas, aunque resulta llamativo que no lo consideraran así todos los grupos nacionalistas con representación parlamentaria, que dieron su apoyo mayoritario a la Ley.
Otra de las razones que aduce el Gobierno de Esperanza Aguirre en la presentación del recurso es que la norma estatal rebaja la reserva obligatoria de suelo protegido. Una afirmación que falta a la verdad. Así, en el punto sobre Bases del régimen del suelo (artículo 10 de la Ley de Suelo) se especifica que la reserva para vivienda protegida será "determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad prevista". Es decir, son las Comunidades las que pueden establecer el porcentaje que destinan a viviendas protegidas, pudiendo situarlo por encima de ese 30% mínimo que establece la norma estatal, pero nunca por debajo.
Tampoco es cierto que la Ley de Suelo imponga la expropiación como sistema general de funcionamiento en materia urbanística. La Ley afirma que la actividad urbanística es una función pública al servicio del interés general y no de unos pocos. En este marco, prevé la iniciativa tanto pública como privada en la urbanización de los suelos y reconoce a los propietarios de suelo el derecho a participar en la urbanización y en sus plusvalías, pero no les da el monopolio de la iniciativa privada, para impedir que puedan retener los terrenos y especular con ellos. De hecho, la mayoría de Comunidades Autónomas prevén algo similar y también la propia Comunidad de Madrid hasta el pasado mes de julio, cuando les dio por Ley a los propietarios de suelo el monopolio de la iniciativa urbanizadora privada.
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