UGT recordó ayer a las comunidades autónomas y ayuntamientos los deberes pendientes en materia de vivienda tras los dos meses transcurridos desde las elecciones de mayo, y solicitó a tal efecto que el 60% de las viviendas de nueva construcción sean de protección oficial, la mitad de ellas en régimen de alquiler.
La organización dirigida por Cándido Méndez insta además a ‘establecer registros locales y autonómicos de demandantes de viviendas para conocer las necesidades reales y adecuar la oferta a la demanda’, y considera necesario que la oferta de viviendas protegidas no debe bajar de 100.000 al año, cifra que supera ampliamente lo previsto en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
En este sentido, pidió a las instancias públicas mayor ‘información, transparencia y participación en la gestión municipal y, sobre todo, en la gestión de los patrimonios públicos de suelo’. Asimismo, recordó a los ayuntamientos que el suelo cedido a ellos por los promotores ‘debe ser la materia prima sobre la que realizar las políticas sociales de vivienda y no una vía de financiación’.
Otro de los puntos fuertes entre las propuestas de UGT para intentar solucionar el problema del acceso a la vivienda es el impulso del alquiler frente a la compra.
La organización propone medidas fiscales para hacer más atractiva esta alternativa, como las deducciones por alquiler en el tramo transferido a las comunidades autónomas en materia de IRPF. Concretamente, insta a establecer una deducción del 10% del alquiler pagado en la cuota, con un tope máximo de 1.000 euros anuales, y ello para hogares con ingresos familiares no superiores a 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Otras de medidas encaminadas a tal fin sería la creación de un Fondo Nacional de ayuda al alquiler, establecer ayudas adicionales al inquilino cuando su nivel de esfuerzo económico sea superior al 30% de sus ingresos, sobre todo para personas por debajo de 2,5 veces el IPREM, o instituir una subvención a la vivienda en alquiler cuando ésta supere los 90 metros cuadrados, en atención a las necesidades familiares.
Sin embargo, UGT se mostró consciente de que para impulsar el alquiler es necesario incentivar a los propietarios para que saquen sus viviendas vacías al mercado.
Se incluye en su listado de propuestas establecer incentivos fiscales para los arrendadores que pongan sus viviendas en alquiler a los mismos precios que los de las viviendas públicas, reforzar las garantías del arrendador (favoreciendo el arbitraje o estableciendo un seguro de caución frente a impagos) y fortalecer la colaboración de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) con los municipios.
El sindicato propone también movilizar el contingente de viviendas vacías para su incorporación al mercado mediante registros municipales de solares y de viviendas desocupadas para su posible incorporación al mercado de alquiler con arrendamiento tasado. Estima necesario establecer un tribunal especial ‘para aquellas viviendas que se compruebe, fehacientemente, que están deshabitadas de manera permanente, sin causa justificada’.
El sindicato aboga por establecer ayudas directas a la rehabilitación para las zonas degradadas, promover ayudas municipales para personas sin recursos económicos, facilitar la concesión de ‘créditos blandos’, a través de acuerdos con el sector bancario; instituir ayudas para la adaptación de las viviendas de residentes con movilidad reducida o necesidades especiales y fomentar la participación social en el seguimiento y evolución de los proyectos.
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