El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona (APCE), Enric Reyna, dijo ayer que no firmarán el Pacto Nacional por la Vivienda que impulsa la Generalitat porque se basa en una ley con la que están en 'desacuerdo'.
Enric Reyna ha manifestado que la preocupación de los promotores es defender la 'seguridad jurídica de las operaciones que hacemos' y ha señalado que hay cosas que 'no tienen ni pies ni cabeza, como decirnos que tenemos que destinar a vivienda social el 20% de cualquier promoción o rehabilitación que se haga en suelo consolidado', adquirido a precio de mercado.
Para Reyna 'el suelo que ya está calificado, ya está calificado', y que para asumir este porcentaje de vivienda social tendrían que encarecer el resto de viviendas, aunque ha puntualizado que, si se califica nuevo suelo, sí están de acuerdo en destinar este porcentaje a pisos protegidos.
Otro de los temas en los que los promotores y constructores no están de acuerdo es en el hecho de que la administración adjudique los pisos que hacen los promotores y ha expuesto que una cosa es 'controlar' y otra adjudicar.
Otra discrepancia reside en que en los próximos quince años todas las poblaciones de Cataluña con más de 3.000 habitantes deberán tener un mínimo del 15% de vivienda protegida, porque, en la práctica, supone que 'habrá poblaciones de Cataluña donde no se podrá construir nunca más una vivienda de renta libre porque no hay suelo'.
Sobre la desaceleración del sector de la construcción que prevén algunos estudios, Reyna ha admitido que se ha 'aflojado el ritmo de la construcción en los últimos meses y que la ralentización era incluso necesaria', aunque ha advertido de los riesgos que tendría un freno repentino de este sector para la economía catalana.
Sobre la corrupción inmobiliaria, Reyna ha dicho que la corrupción está donde está, pero que no todos están 'en el mismo saco'.
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