La patronal de grandes constructoras Seopan pidió ayer al Ministerio de Fomento una solución para acabar con la ‘lacra’ de las denominadas 'bajas' en la contratación de la obra pública, esto es, adjudicar contratos a un precio sensiblemente inferior respecto al del presupuesto con que se licita el proyecto.
El presidente de Seopan, Enrique Aldama, denunció que las 'bajas' en la obra pública mantienen una tendencia creciente en los últimos años, pese a la modificación de los pliegos de los contratos abordada por el actual equipo del Ministerio de Fomento al comienzo de la Legislatura.
Según sus datos, la 'baja' media de los contratos adjudicados por la Administración en 2006 se situó en el 26,15% (con máximos de hasta el 35%), cinco puntos por encima del promedio del 21% de 2004.
Por ello, durante su intervención en la asamblea anual de la patronal, Aldama pidió la ‘personal intervención’ de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, presente en el acto, para abrir un diálogo sobre el tema y acabar con esta ‘lacra’.
Álvarez, por su parte, reconoció que su Departamento ‘no ha sabido solucionar’ el tema, con lo que recogió de nuevo ‘el reto’ lanzado por el sector. Admitió que, aunque adjudicar una obra a la baja ‘puede parecer que va a salir más barata, en realidad es como hacer trampas al solitario’.
Para el sector, las bajas constituyen una de las principales bazas para competir por las obras, pero actualmente el sistema complica tanto a la constructora que ejecuta la obra como a la Administración que la promueve. En la mayor parte de los casos, la obra que se adjudica a un precio mucho más barato respecto al del proyecto suele necesitar posteriormente una modificación del proyecto, con la consiguiente subida del precio y retraso de la ejecución.
En opinión de las constructoras, la forma más óptima de atajar este problema sería establecer un porcentaje de baja razonable y aplicarlo a la media de las ofertas económicas que se presenten a un concurso de obra pública. La propuesta cuya baja sea inferior a dicho porcentaje seria considerada 'baja temeraria' y quedaría automáticamente descalificada del contrato.
En definitiva, piden un sistema que, manteniendo la competitividad del sector, adopte criterios más estrictos sobre la temeridad de las ofertas, permita eliminar las ‘anormalmente bajas’ y se garantice la normal ejecución de las obras.
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