El fiscal de sala del Tribunal Supremo José María Paz Rubio aseguró ayer que ‘ha fallado la justicia preventiva’ en el caso de la corrupción urbanística, lo que ha provocado ‘el caos actual’.
‘Han fallado los controles que podía hacer la llamada justicia preventiva de notarios y administradores’ y ‘los tribunales contenciosos no hemos podido acabar con esta lacra de irregularidades que se han producido’, indicó el fiscal, quien además consideró que las sentencias de demolición ‘hay que ejecutarlas’.
Así lo afirmó Paz Rubio en una rueda de prensa con motivo de su participación en el encuentro 'Impactos colaterales del urbanismo descontrolado' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en la que también participaron el magistrado emérito de la Sala I del Tribunal Supremo Clemente Auger, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid Luciano Parejo, y el director encuentro, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Paz Rubio lamentó ‘el fallo de los tribunales penales’, que ‘no han sabido perseguir la corrupción implícita y tampoco lograr la demolición de las construcciones ilegales’. ‘Tenemos que hacer todos un mea culpa’, señaló.
En este sentido, preguntado por las sentencias firmes de derribo que están sin ejecutar, tanto en Cantabria como en otras comunidades autónomas españolas, el fiscal del Tribunal Supremo defendió que ‘si está acordada la demolición hay que ejecutarla’.
‘Lo que pasa’, explicó, es que los tribunales se encuentran ‘a la hora de ordenar las demoliciones’ con ‘terceros perjudicados’, los ‘compradores de buena, o mala, fe’. ‘¿Qué hacemos?’, se preguntó, refiriéndose al pago e las indemnizaciones y a quién correspondería abonarlas.
‘Entonces se originan nuevos incidentes de ejecución muy complejos, con lo que se tarda muchísimo en ordenar la demolición y, de hecho, la excepción es que se demuela algo’, añadió, recalcando que, con todo, ‘cuando una sentencia ordena una demolición hay que ejecutarla’.
Por último, Paz Rubio se mostró partidario de ‘potenciar’ el Derecho Penal como ‘herramienta’ contra los corruptos. ‘Si el derecho penal es la herramienta que temen los corruptos’, entonces ‘hay que potenciar esta herramienta’, dijo, tal y como ‘se pretende hacer en el proyecto del Código Penal, que está ahora en las Cortes’.
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