- COMUNICADO 21/06/2007 -
Para la PVD, la reforma debería incluir medidas como la limitación de cuantías y plazos de las hipotecas y el aumento de la información que debe dar el banco sobre un préstamo. Según la plataforma sería un grave error subvencionar la subida de tipos de interés.
El Congreso de los Diputados, y más concretamente su Comisión de Economía y Hacienda, se encuentra actualmente tramitando el proyecto de reforma de la ley hipotecaria. Después de analizar dicho proyecto y las distintas enmiendas, desde la Plataforma por una Vivienda Digna encontramos que el texto se ha redactado a la medida de las entidades financieras, pasando por alto varios problemas graves de la sociedad española y que, en su conjunto, es inaceptable para alcanzar el objetivo de una vivienda asequible y digna para todos los ciudadanos.
La vivienda es una necesidad vital y en los últimos años, las características del mercado en España, con posibilidades de alquiler escasas y unas políticas de vivienda nefastas, han propiciado que muchos ciudadanos se hipotequen hasta el máximo que pueden pagar y en algunos casos más allá: hasta el máximo que una entidad financiera ha estado dispuesta a prestarle.
Esta cota ha superado para muchas familias lo razonable debido a varios factores, desde el hecho de que el inmueble es tasado al alza por una sociedad de tasación controlada por el banco (la mayoría de las tasadoras lo están), hasta la falta de información sobre la posible evolución de los tipos, pasando por una excesiva generosidad en las cuantías y plazos de las hipotecas.
En un escenario de crecimiento de los tipos de interés como el actual, las familias o los jóvenes que siguen endeudándose al máximo se convierten en auténticos “kamikazes hipotecarios”, con una alta probabilidad de impagos y desahucios en unos años.
Pero la generosidad interesada de los bancos a la hora de conceder créditos no sólo ha disparado el endeudamiento, sino que ha contribuido a la subida de precios, ya que a mayores posibilidades de financiación más fácil es que un ciudadano acepte el precio que se le pide, incluso a sabiendas de que está inflado. Recordemos la frase, acuñada por un conocido profesor universitario en una entrevista radiofónica: “las viviendas no cuestan lo que valen, cuestan lo máximo que la gente puede pagar por ellas”. Así, no es de extrañar que hoy un piso en el ensanche de Vallecas, en las afueras de Madrid, cueste casi el doble que uno similar en el centro de Berlín.
Aunque nos parece positiva la inclusión en el proyecto de medidas que buscan una mayor independencia de las tasadoras, para la PVD el texto llevado al Congreso es, sencillamente, inaceptable, ya que no encara los asuntos fundamentales. Entre éstos, algunos urgentes como el sobreendeudamiento, que puede convertirse en uno de los principales problemas sociales de nuestro país a corto plazo.
Limitación de cuantía y plazos de los créditos hipotecarios
Por estas razones demandamos a los legisladores y a los grupos con representación en el Parlamento que, en la nueva ley hipotecaria, se tengan en cuenta las enmiendas relativas a la limitación de la cuantía de los créditos, recordando que este tipo de medidas se aplican en otros países europeos como Francia y garantizan así, que nadie pueda hipotecarse más allá de sus posibilidades. Eso sí, esta medida no puede venir sola y ha de venir acompañada de una verdadera política de vivienda y fiscal enfocada hacia el alojamiento directo de los más necesitados y no en el fomento de la cultura de la propiedad como la actual.
Desde la Plataforma instamos también al gobierno y a la comisión económica del Congreso a limitar los crecientes plazos de las hipotecas (que llegan ya a los 50 años), porque ayudan a la compra de viviendas con sobreprecio y son una de las causas del mantenimiento de la actual burbuja inmobiliaria. Aunque a primera vista el alargamiento de los plazos puede parecer una solución concreta para algunas personas, en un análisis más detenido perjudica gravemente al conjunto de la sociedad y dificulta el acceso a la vivienda de los jóvenes (y de muchos no tan jóvenes) y de las generaciones futuras, apuntalando un modelo no sostenible.
Obligación de información previa en la contratación de hipotecas
El mayor riesgo de impago que existe actualmente por la subida de los tipos de referencia se debe a que muchos compradores de vivienda firmaron su hipoteca con una escasísima información. Desde la Plataforma demandamos a los legisladores que están actualmente revisando la ley hipotecaria que las entidades financieras tengan la obligación de ampliar la información que ofrecen sobre el crédito. Además de los datos del préstamo, el cliente debe saber, como mínimo, en qué situación están los tipos de interés con respecto a series históricas, y cómo afectarían a la cuota diferentes tipos de interés que puedan darse en el futuro.
No a las subvenciones a la compra
Reclamamos también que no prosperen aquellas enmiendas destinadas a paliar con subvenciones directas las sucesivas subidas de los tipos de interés. Esto sería ahondar aún más en el profundo error de subvencionar la propiedad de la vivienda y existen fórmulas mucho más razonables para ayudar a las familias que se han visto sorprendidas por este cambio de escenario económico. Estas ayudas, de materializarse, irían a parar en realidad a las entidades financieras. Nos parece un escándalo siquiera plantear que el dinero público se emplee para subvencionar, aunque sea indirectamente, a uno de los sectores económicos más beneficiados con la situación actual.
Control de la refinanciación
También nos merece especial atención que el anteproyecto incluya escasas medidas para el control de las empresas de refinanciación y las emisoras de créditos de alto riesgo, hipotecas con carencia, etc. Este tipo de empresas están provocando verdaderos dramas familiares en otros países occidentales y con ese ejemplo se debería legislar en este.
Reforma inútil e inaceptable
Estamos de acuerdo en que debe modificarse la ley hipotecaria, pero llama poderosamente la atención que se ponga en marcha precisamente ahora, en un cambio de ciclo del mercado. Nos parece de un descaro sin precedentes el que, con millones de jóvenes sin poder optar a una vivienda, millones de parejas que no pueden desarrollar su vida familiar al no poder optar a una vivienda mayor, y millones de familias al borde de la bancarrota, el grueso de la ley vaya dirigido a aumentar las garantías bancarias y a regular nuevos modelos como la hipoteca inversa, con la que las personas de avanzada edad pueden ceder su propiedad a cambio de una pensión vitalicia.
Aunque ayer hemos conocido la tardía intención del Gobierno de replantearse las desgravaciones fiscales y la hemos saludado positivamente a pesar de su inexplicable retraso, en el caso de este anteproyecto de Ley analizado, de ser aprobado tal y como está, se habrá perdido una oportunidad más de poner coto a los intereses especulativos que manejan el mercado de la vivienda en España y se habrá demostrado de nuevo hasta qué punto una gran parte de los políticos y legisladores de nuestro país, están al servicio de las grandes empresas, los bancos y los intereses inmobiliarios. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna exigimos los cambios en el proyecto reseñados anteriormente para elaborar una ley hipotecaria que piense en todos los ciudadanos, que sirva de instrumento a un mercado sostenible, y que ayude a avanzar hacia el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución para todas las generaciones.
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