

Los principales actores del sector inmobiliario consideran que la futura Ley del Suelo no resolverá la crisis que atraviesa el mercado, según los datos de un estudio presentado en Madrid y elaborado por el Instituto Empresa (IE) y la consultora Gavin Anderson.
El informe 'Política y Urbanismo: Transparencia y Legislación del sector inmobiliario' recoge que esta afirmación es apoyada por el 92 por ciento de los encuestados, entre los que se encuentran abogados, promotoras, medios de comunicación, empresas del Ibex-35 y compañías cotizadas en el mercado continuo.
Los datos del estudio señalan que los agentes del sector también se muestran críticos con el Ministerio de la Vivienda, ya que el 87 por ciento de los encuestados señaló que su creación no ha mejorado la gestión del mercado.
Tal y como resaltaron los profesores del IE Manuel Romera y Miguel Hernández, la valoración de la actuación de este ministerio en cuanto a la gestión y control del mercado es bastante baja, ya que el 83,2 por ciento de los implicados en el sector califica su actuación como mala o muy mala.
En general, todas las administraciones públicas -Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- recibieron una calificación negativa en el informe en cuanto a gestión y control del mercado inmobiliario.
El estudio detalla que el colectivo de los abogados, el más próximo a la problemática del sector, ejerció una crítica más negativa a la labor de los Ayuntamientos, mientras que las Comunidades Autónomas, que no llegan a tener una implicación directa en el urbanismo, son las que recibieron una valoración más equilibrada.
En este sentido, los profesores del IE explicaron que las Comunidades Autónomas deberían asumir todas las competencias asignadas en la Constitución y que la ordenación territorial a nivel autonómico a través de planes regionales debe ser la referencia del nuevo marco legislativo que se creará con la Ley del Suelo.
Apuntaron que el Gobierno debería legislar en materia de transparencia inmobiliaria, al igual que otros países como el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que aprobaron recientemente los Real Estate Investment Trust (REIT, en sus siglas en inglés), regímenes especiales para sociedades inmobiliarias que cotizan.
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