La fragmentación de normas municipales es el gran obstáculo para el cumplimiento de la legalidad ambiental. Esta fue una de las conclusiones de la mesa redonda El papel de los ayuntamientos en la evaluación ambiental”, celebrada durante el Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (CONEIA).
Ignacio López- Galiacho, coordinador del área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, reivindicó el municipalismo ambiental en temas de urbanismo. López-Galiacho dijo que sólo cuando se aprobó la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, esta comunidad comenzó a aplicar medidas ambientales en planes urbanísticos. “Con esta ley se obliga a controlar los mecanismos de desarrollo de los Ayuntamientos”, comentó, aunque dejó claro que son las Comunidades Autónomas las que tienen la última palabra en los planes urbanísticos.
Por su parte, Jorge Ozcáriz, director del Observatorio de sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz, denunció que la Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente del País Vasco delega la responsabilidad de los informes ambientales a la Administración local. Tanto es así, que a partir de los 7.000 habitantes, un ayuntamiento vasco puede aprobar un plan de urbanismo y declaró que los ayuntamientos deben implicarse mucho más en materia de evaluación ambiental. Al final, muchos asistentes alegaron que no se puede poner en manos de las administraciones locales la responsabilidad ambiental porque no disponen ni de capacidad técnica, ni financiera, ni personal para llevar a acabo el reto de la protección ambiental.
En este sentido, Miguel Aymerich, Subdirector General de Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, coincidió en que la evaluación ambiental es muy complicada por la cantidad de normas y el gran número de agentes autonómicos implicados. Además, afirmó que actualmente España tiene entre 400 y 500 denuncias de la Unión Europea en materia medioambiental porque actúa según la normativa autonómica sin recoger los matices obligatorios de la UE. Pocos mecanismos de control ambiental El Subdirector General de Evaluación Ambiental de la Generalitat de Cataluña Rufí Cerdán, reconoció que en la planificación territorial y urbanística de su Comunidad es ineficiente porque no dispone de suficientes mecanismos de control ambiental.
En concreto, explicó que el Plan de Infraestructuras de Transporte de Cataluña presenta dos tendencias preocupantes: el fuerte incremento de la movilidad del transporte privado y, como consecuencia, el gran descenso del uso del transporte colectivo. “Esto nos ha llevado a un modelo de movilidad insostenible que deriva en una fragmentación cada vez mayor del territorio, una pérdida de biodiversidad y un aumento de las emisiones de CO2”, manifestó. Así, defendió un modelo de desarrollo urbanístico más compacto para evitar la actual movilidad. En este foro de discusión participó también Alicia Camacho, Secretaria General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente quien adelantó que el Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental velará por la reparación de los daños medioambientales derivados de las actividades económicas; es decir, tratará de hacer efectivo el principio de que “quien contamina, paga”.
En esta ponencia, patrocinada por el Grupo Tragsa, la responsable de Medio Ambiente subrayó que en caso de ser aprobado, este Proyecto preverá sanciones de hasta dos millones de euros y se evitará que la factura sea sufragada por los presupuestos públicos. Además, esta norma podrá suspender la autorización para operar de una empresa durante dos años; eso sí, sin necesidad de que haya infracción ni culpa.
Copyright© 2010 Urbaniza Interactiva S.A. CIF A01306547
