El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró ayer en el Pleno del Senado que es ‘imprescindible’ revisar el Impuesto de Patrimonio, pero precisó que no se puede plantear de forma ‘aislada’, sino que debe estudiarse en colaboración con las comunidades autónomas y aprovechando la reforma de la financiación autonómica, ya que se trata de un impuesto cedido a los gobiernos autonómicos.
El ministro apuntó que el Gobierno está dispuesto a ‘seguir trabajando’ en ese sentido y destacó que el Ministerio de Economía y Hacienda está realizando análisis de los cambios en el ámbito tributario que se están desarrollando en el resto de países.
Solbes consideró que el objetivo de este impuesto ‘no debe tener carácter recaudatorio sino censal’ y contribuir ‘de forma razonable’ al progreso del sistema. Además, señaló que hay que ‘modificar y actualizar’ este impuesto, aunque aclaró que cada administración tendrá que ‘hacer frente a sus responsabilidades’ y llevar a cabo el ‘esfuerzo correspondiente’.
En referencia a una propuesta del PP sobre la modificación del Impuesto de Patrimonio que fue aprobada en el Senado y rechazada en el Congreso, Solbes explicó que el Gobierno no apoyó dicho cambio en su momento porque discrepaba con la forma de llevarlo a cabo.
El ministro contestó así a la interpelación del senador del Partido Popular, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, sobre la política del Gobierno en relación con la progresiva reducción del Impuesto sobre el Patrimonio hasta conseguir su supresión.
El portavoz 'popular', que precisó que la interpelación se convertirá en moción, tachó este impuesto de ‘anacrónico’ y ‘confiscatorio’, y apuntó que perjudica a las rentas medias y bajas y sólo en menor medida a las más altas. Asimismo, recordó que dentro de la Unión Europa, España es uno de los pocos países que todavía lo mantiene.
A este respecto, el senador instó al Gobierno a que, en consenso con las comunidades autónomas, proceda a la ‘reforma’ y ‘modificación’ del impuesto, acercándose así a posturas de países vecinos. No obstante, apuntó que la modificación no debe ‘perjudicar’ los recursos de las comunidades.
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