El proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda que aprobó el Gobierno de la Generalitat el pasado mes de diciembre prevé multas de 900.000 euros para la sobreocupación de viviendas que conlleve una situación de ‘peligro’ para las personas, según detalló ayer el conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.
Francesc Baltasar explicó que el proyecto también impondrá sanciones de 90.000 euros en aquellos casos en que se detecte hacinamiento, pero que no impliquen riesgos para la vida de las personas.
El conseller aseguró que la ley pretende ‘tipificar muy claramente la sobre ocupación de viviendas’, teniendo en cuenta el número de personas que viven así como los casos en que ‘se utilizan como lugares en los que no es posible vivir’, como almacenes o subterráneos, indicó.
Baltasar reconoció que actualmente existen ‘ciertas lagunas’ legales al respecto, que permiten ‘interpretaciones diversas’ y dificultan la coordinación entre las distintas administraciones.
La ley también prevé una ‘ITV’ para evaluar la seguridad de los edificios y precaver así situaciones de riesgo, como explosiones de gas o hundimientos, aunque matizó que la competencia de analizar el estado de las conducciones corresponde a Energía, que pertenece a la conselleria de Economía y Finanzas.
En cuanto al calendario, Baltasar aseguró que el proyecto legislativo entrará este mes en debate parlamentario, de modo que podría aprobarse el próximo mes de junio.
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