VER decálogo urbanístico_El PSOE echará del partido a quien esté implicado en delitos urbanísticos
Los militantes sobre quienes recaiga sospecha de irregularidad serán separados del partido y a los cargos públicos les exigirán su cese
El secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, informó ayer de que nadie sobre quien recaiga ‘indicios racionales’ de estar implicados en delitos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio o de cualquier otra índole formará parte de las listas socialistas. Tras emplazar al PP a que haga lo mismo, también indicó que los militantes sobre los que recaigan ‘sospechas’ fundadas de irregularidad serán separados del PSOE y que, con los mismos parámetros, exigirán el cese a los cargos públicos.
En la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, el 'número dos' del PSOE presentó el decálogo 'Por una nueva política urbanística y del territorio' que el partido de José Luis Rodríguez Zapatero asume de cara a la cita electoral de las municipales y autonómicas.
En el texto --basado en medidas que el PSOE ya planteó este verano--, se aboga por hacer ciudades ‘habitables’ y ‘equilibradas’; y por competir en ‘calidad’ y no ‘en cantidad’ a través de la asunción ‘plena de la responsabilidad’ de las Comunidades Autónomas en la ordenación del territorio mediante la exigencia de Planes Territoriales Supramunicipales’.
También se llama a fijar ‘límites’ al crecimiento urbano en función de parámetros como ‘las demandas económicas y demográficas reales y potenciales existentes en el municipio, la capacidad de absorber el crecimiento, la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras existentes y el medio natural en que se va a desarrollar’.
Igualmente, se apuesta por recuperar la función social de la vivienda, subrayando el compromiso de reservar al menos el 25 por ciento del suelo residencial para vivienda protegida; se llama a preservar el patrimonio natural; a someter a información pública todos los instrumentos de ordenación y gestión urbanística, incluidos los convenios; y a que las plusvalías del urbanismo estén al servicio del interés general, todo ello tal y como se recoge en la nueva Ley del Suelo, en trámite parlamentario.
También aboga por perseguir las reclasificaciones indiscriminadas y por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad. En ese sentido, el PSOE asume que a todos los cargos públicos sobre cuya conducta existan ‘indicios racionales de criminalidad’ o ‘sospechas fundadas’ de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de su función les exigirán ‘inmediatamente’ que abandonen su cargo.
De la misma forma, todos los militantes, con cargo público o sin él, sobre los que recaigan estos mismos indicios o sospechas serán separados del partido.
Además, ninguna persona sobre la que recaigan ‘indicios racionales’ de estar implicados en delitos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio o de cualquier otra índole formarán parte de las listas electorales socialistas.
‘Este compromiso lo mantendremos en todo caso y en todos los casos’, dijo Blanco, que señaló que lo ‘deseable’ es que el PP lo asuma. Asimismo, señaló que si la formación que lidera Mariano Rajoy no elimina de sus listas a las personas con indicios racionales de criminalidad, los 'populares' ‘demostrarán una vez más que su compromiso no es con los ciudadanos ni con las instituciones, sino con quien se aprovecha y abusa’ de éstas.
El 'número dos' del PSOE aprovechó para criticar al Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Comentó que era imposible entender casos como el del ex director de Urbanismo Enrique Porto. ‘Colocar a Porto es convertirle en juez y parte, es poner al árbitro a tirar los penaltis’, resumió.
Además, defendió que es el Gobierno del PSOE el que ha acabado con ‘la impunidad urbanística’ y que ahora se investiga cuando antes se ‘ocultaba y amparaba’.
En cuanto a si el PSOE mantiene la apuesta que esbozó durante su Conferencia Política de crear comisiones mixtas formadas por Estado, comunidad autónoma y el área metropolitana respectiva, Blanco recordó que la nueva Ley del Suelo, en trámite parlamentario, es el marco en el que hay que contemplar ‘cuáles son las competencias’ que en esta materia corresponde al Estado.
En todo caso, avisó de que la jurisprudencia que sienta el Tribunal Constitucional sitúa en el ámbito autonómico ‘la competencia casi en exclusiva’ en relación con la ordenación del territorio y los temas urbanísticos.
‘Ese es el marco en el que tenemos que desenvolvernos’, agregó Blanco, que insistió en que el PSOE es ‘respetuoso’ con la sentencias del Alto tribunal y que no trata de ‘sacar tal o cual competencia, porque no se podría’, sino de establecer ‘un modelo por el que transitar para gestionar mejor’.
‘El problema no reside en quién tiene la competencia, sino en la gestión’ de las mismas, resumió. Por último, Blanco separó el decálogo de hoy y su apuesta por un modelo de ordenación del territorio de la financiación municipal. Eso sí, recordó que se está debatiendo la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, en la que, dijo, se pueden establecer mecanismos para favorecer la existencia de más controles en relación a las Administraciones Municipales.
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