Mientras Maria Antonia Trujillo subraya que la Junta de Seguridad recomendó de forma ‘unánime y expresa’ aplazar la cumbre, Zapatero confirma que la cumbre europea se aplazó al coincidir con la campaña electoral en Cataluña
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, insistió ayer en que la Junta de Seguridad, celebrada el 9 de octubre, recomendó de forma ‘unánime y expresa’ el aplazamiento de la cumbre de ministros de Vivienda de la UE, que tenía que haberse celebrado los días 16 y 17 de octubre en Barcelona.
Asimismo, la titular de Vivienda volvió asegurar que el Ejecutivo tomó esta decisión por ‘motivos de seguridad’, tras aceptar el dictamen de la Junta de Seguridad que instaba a la suspensión del evento.
En respuesta a una pregunta del diputado de ERC, Josep Andreu Domingo, Trujillo quiso dejar claro que en la reunión de la Junta de Seguridad no sólo mostraron su oposición representantes de la Guardia Urbana, los Mossos D'Esquadra y la Policía Nacional, sino también los responsables políticos convocados.
Además, recordó que, en cualquier caso, la reunión, que seguirá celebrándose en Barcelona y previsiblemente a lo largo del mes de noviembre, no es un Consejo de Ministros de la UE, sino una ‘reunión informal’
Trujillo explicó que la cumbre tiene como objetivo lograr el reconocimiento a nivel europeo del derecho a la vivienda y la consecución de fondos estructurales destinados a política de vivienda.
El Ministerio de Vivienda trabaja actualmente para volver a acoplar las agendas de los diferentes asistentes a la cumbre con el fin de establecer una fecha definitiva para su celebración.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que ‘no es lo más normal’ que eventos como la cumbre de ministros de Vivienda ‘se celebren en periodos electorales’, por lo que confirmó que el aplazamiento de dicha reunión se debió a su coincidencia con la campaña electoral abierta en Cataluña.
En respuesta al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Durán i Lleida, Zapatero subrayó que el Gobierno siguió la recomendación conjunta de las fuerzas de seguridad del Estado, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, de no celebrar la cumbre.
Asimismo, el presidente del Gobierno aseguró que ‘es evidente’ que el Ejecutivo tenía que tener en cuenta el acta del Consejo de Seguridad, que se celebró el 9 de octubre, dado que estaba fundamentado en la ‘información de los expertos’.
Por otro lado, instó al portavoz catalán a plantear cualquier crítica al Ayuntamiento de Barcelona sobre este asunto ‘en otro ámbito’, y confirmó que, pese a todo, la cumbre, de carácter ‘informal’, se seguirá celebrando en Barcelona.
Durán i Lleida precisó, por su parte, que el verdadero problema en torno al aplazamiento del evento radica en que ‘un Gobierno no debe ceder ante el chantaje de los violentos’, pese a las recomendaciones de las fuerzas de seguridad.
Además, el parlamentario catalán culpó a la ‘permisividad’ del Gobierno del hecho de que Barcelona sea una ciudad ‘atractiva’ para los grupos antisistema.
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