La falta de profesionalidad y la sujeción a objetivos “cortoplacistas” por parte de empresas y profesionales pueden provocar errores en el análisis de riesgo de operaciones financieras y generar problemas de morosidad
Duck Fin Asesores en Financiación, primera empresa española en ofrecer servicios de intermediación hipotecaria independiente y con una experiencia de casi catorce años en el sector, advierte de la necesidad de que el consumidor evalúe la ética y la cualificación profesional de quienes asesoran y gestionan operaciones financieras, para evitar errores en el análisis de riesgo de estas operaciones y futuros problemas de morosidad.
El protagonismo que adquiere el consumidor a la hora de juzgar las buenas prácticas en el sector financiero es alto, dada la ausencia de una regulación específica y de un organismo que supervise la actividad de los intermediarios financieros. “Las empresas dedicadas a la intermediación en temas de inversión y seguros deben cumplir estrictamente la normativa que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores como la Dirección General de Seguros se encargan de controlar. En el caso de empresas dedicadas a la intermediación en financiación, la legislación nos remite estrictamente a normas básicas (Códigos Civil y Penal, Código de Comercio, etc.) y no existe un organismo regulador. Por tanto, el consumidor está sujeto a la honestidad y a la ética de los profesionales que le gestionan su financiación”, explica Manuel Dafonte, socio fundador de Duck Fin.
Desde el punto de vista de esta empresa, madurado durante casi catorce años de experiencia en intermediación financiera, la ausencia de legislación específica afecta, en primer lugar, a la cualificación de los profesionales dedicados al asesoramiento financiero. “Si no poseen el nivel de formación financiera suficiente, pueden incurrir en errores al aconsejar y guiar al cliente final. Lógicamente, este mal asesoramiento puede determinar el resto de su vida financiera y acabar en desastre. Podemos imaginar fácilmente los problemas que acarrearía la falta de profesionalidad en el asesoramiento a un cliente que contrata una hipoteca muy cuantiosa, a larguísimo plazo, en un momento de incertidumbre en los tipos de interés”, asegura Dafonte.
La ausencia de un cuerpo legislativo específico favorece, además, la sujeción a objetivos cortoplacistas de empresas y profesionales de intermediación financiera. “Ese mirar a corto puede incluso hacer que el análisis de riesgo de esas empresas a la hora de intentar que sus proveedores les aprueben una operación no sea tan estricto como debiera y que se esté generando un problema de morosidad grave que podría haberse evitado”, añade Dafonte.
La implicación del consumidor a la hora de evaluar la profesionalidad y la ética de quienes asesoran y gestionan financiación se hace más necesaria, si cabe, a la vista de los datos que describen la situación financiera de las familias españolas. Según datos ofrecidos por el Banco de España, el nivel de endeudamiento hipotecario de los españoles se incrementó en 100.000 millones en el último año, hasta situarse en 534.184 millones de euros en julio de este año. Estos datos se combinan con la escalada del euríbor, el índice de referencia para calcular las mensualidades de una hipoteca. En el pasado mes de septiembre, el euríbor acumulaba su duodécima subida consecutiva y la mayor subida interanual de los últimos seis años (se sitúa en el 3,715%, un nivel semejante al registrado en julio de 2002).
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