La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se ratificó en lo dicho días atrás. En el segundo año de sequía, y con el nivel general de los embalses del país al 45 por ciento, lo lógico sería que aquellas comunidades con mayor déficit hídrico se aplicasen en ahorrar agua en aquellos usos 'no esenciales'.
Es el caso de la Murcia y de la Comunidad Valenciana, cuyas respectivas cuencas mantienen unas reservas mínimas, Segura al 13,3 por ciento, y el Júcar al 15,3 por ciento, muy inferiores a la media. Ninguna de ellas, recordó, ha aprobado decreto alguno para limitar el gasto de agua 'urbanístico' y recreativo, como el riego de parques y jardines, baldeo de calles, fuentes ornamentales y el llenado de piscinas.
'Madrid, Cataluña y Andalucía sí lo han hecho' y ninguna de ellas 'ha perdido un solo turista por este motivo', subrayó Narbona, en respuesta a la críticas que le han llovido desde los gobiernos regionales murciano y valenciano. A juicio de la ministra, en aquellas zonas donde más sufren los agricultores por falta de agua para regar se debieran restringir todos los usos urbanos que no sean imprescindibles, 'por solidaridad' con su medio rural.
Además de en las cuencas del Júcar, Segura y Guadalquivir, la falta de agua es crítica en los embalses de cabecera del Tajo. Entrepeñas y Buendía, de los que se nutre el controvertido trasvase Tajo-Segura, han perdido en la última semana cuatro y siete hectómetros cúbicos, y suman apenas 254, sólo catorce más del límite por debajo del cual la ley prohíbe nuevas transferencias de agua a la región murciana.
El Gobierno analizará la situación a finales de septiembre para decidir si son posibles nuevos desembalses de emergencia para Murcia o no, en función de las expectativas de la nueva temporada oficial de lluvias que se abre en octubre. En el resto de las cuencas el nivel de reservas es también 'preocupante', concluyó Narbona, antes de hacer un nuevo llamamiento a la ciudadanía de todo el país para que limite el consumo de agua a lo estrictamente 'imprescindible'.
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