UGT confía en que la aplicación firme de la Ley de Montes y la puesta en marcha de otras medidas legislativas, aprobadas recientemente para conservar el medio natural, contribuyan a frenar la desertificación que sufre nuestro país y reducir los incendios forestales.
El 55% de la superficie de España está erosionada y el 27% se considera desierta. Además, el año pasado fue un año fatídico como consecuencia de los incendios forestales: se quemaron más de 179 mil Ha. de superficie forestal, produciéndose un total de 40 grandes incendios. El sindicato considera que la prevención de incendios debe abordarse desde una política global y reclama que se mejore la situación de los trabajadores del sector forestal, a través de mayor formación y mejores condiciones de contratación, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral derivada de la precariedad y temporalidad de los puestos de trabajo.
La modificación de la Ley de Montes debe servir para frenar la desertificación y combatir el delito ecológico, especialmente los incendios forestales. La situación de España es grave. El 55% de la superficie está erosionada y el 27% se considera desierta, afectando fundamentalmente a siete Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Valencia). Esto se debe fundamentalmente a las talas descontroladas, al pastoreo abusivo, las prácticas agrícolas inadecuadas, la construcción desordenada de obras públicas y a los incendios forestales. A ello se une la escasez de agua y el aumento progresivo de la temperatura que sufre nuestro país.
En 2005 se quemaron 179.850,8 Ha. de superficie forestal, el peor registro desde 1995, exceptuando el año 2000, y en los ocho primeros meses del año pasado perdieron la vida cerca de una veintena de personas, siendo el incendio que asoló el Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara, el suceso más dramático (fallecieron 11 personas y ardieron 12.000 Ha.)
ADENA confirma que las Comunidades Autónomas con mayor riesgo de incendio este año son: Extremadura (72%), Galicia (62%) y Madrid (61%), seguidas por Asturias, Castilla y León y Castilla La Mancha, en estas últimas el riesgo de incendio es superior al 50%.
UGT considera que las iniciativas legales que está adoptando el Gobierno contribuirán a conservar y gestionar el medio natural, siempre y cuando se apliquen de manera firme.
Así, la modificación de la Ley de Montes establece mecanismos de defensa y conservación de los montes para frenar la desertificación pero, además, incide en combatir el delito ecológico: hay un nuevo trato jurídico que impide el cambio de uso forestal de los terrenos incendiados durante al menos 30 años y establece la creación de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, una figura clave para luchar contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales.
Especialmente positivo es que a los agentes forestales se les dé la potestad de agente de la autoridad, si bien UGT reclama potenciar la formación de estos profesionales desde el punto de vista técnico forestal y en sus funciones de policía, para que puedan contribuir con eficacia a la conservación y gestión sostenible de las masas forestales y dar el apoyo necesario a la nueva Fiscalía de Medio Ambiente.
Asimismo, el sindicato considera necesario y urgente alcanzar un marco de regulación laboral específico para los trabajadores del sector forestal, de modo que se avance en la mejora de la profesionalización de los mismos, en las condiciones de contratación, para reducir la siniestralidad laboral derivada de la precariedad y temporalidad de los puestos de trabajo.
Otra aportación positiva de la Ley de Montes a la prevención de incendios forestales y a la gestión sostenible de los espacios naturales es la creación del Fondo Nacional para el Patrimonio Natural, que permitirá apoyar acciones preventivas en materia de incendios forestales, la limpieza de montes, el desarrollo de cultivos adecuados para la conservación y la defensa de los espacios naturales, así como la promoción de la certificación forestal, como instrumento que impulse el consumo responsable de productos forestales procedente de espacios gestionados con criterios de sostenibilidad.
La prevención de incendios forestales forma parte de una política global e integral para preservar y conservar nuestro medio natural. Una política que incluye además de la Ley de Montes, La Ley de Evaluación Ambiental Estratégica, encargada de preparar y adoptar planes y programas para orientar las políticas sectoriales y de infraestructuras adecuadas; o la Ley del Suelo, que tramita el Gobierno, para frenar el desarrollo urbanístico descontrolado, al vincular la disponibilidad hídrica a criterio de la correspondiente Confederación Hidrográfica y la autorización de zona urbanizable por parte de las Administraciones locales y autonómicas.
UGT reclama además que estas iniciativas legales se completen lo antes posible con la aprobación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la Ley de Parques nacionales, para lograr avances significativos en la gestión sostenible del medio natural y en la lucha contra la desertificación. Y es que a más desertificación, más facilidad para que se produzcan incendios.
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