El ejecutivo pidió declarar de nuevo con un abogado de oficio después de que el juez dictara su ingreso en prisión incondicional
El juez que instruye la Operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, Miguel Ángel Torres, dejó finalmente en libertad la noche del sábado al director comercial de la empresa Aifos, Francisco García Lebrón, después de una nueva jornada contra el reloj que no terminó hasta pasadas las cuatro de la madrugada.
Tras la primera declaración del director comercial, el juez decretó su ingreso en prisión incondicional. El directivo, al conocer la noticia, tuvo que ser atendido por un equipo sanitario debido a una crisis de ansiedad que sufrió en los mismos juzgados, antes de que se produjera su trasladado a la prisión de Alhaurín de la Torre. Tras superar esta crisis, según confirman fuentes jurídicas, y aún en los juzgados, el alto ejecutivo de Aifos solicitó testificar por segunda vez en una misma noche ante el juez Torres, y en esta ocasión no quiso ser atendido por sus abogados, sino que pidió que le asesorara un letrado de oficio. Volvió a entrar en la sala y, después de estar declarando durante algo más de una hora, el instructor redactó un segundo auto por que el lo dejaba en libertad con cargos, según confirmaron fuentes de la empresa.
Francisco García está imputado por un delito de cohecho y deberá pagar una fianza de 30.000 euros, según indicaron las mismas fuentes. El directivo, sin embargo, no pudo reunir de inmediato el dinero, pero el juez le permitió, bajo palabra, que lo entregase hoy, lunes. Francisco García le comentó a sus allegados que el Miguel Ángel Torres había quedado satisfecho con su declaración y que él le había manifestado su disposición a colaborar. Ahora, como el resto de imputados, deberá presentarse todos los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.
Mientras García Lebrón se enfrentaba al juez Torres, agentes del Cuerpo Nacional de Policía e inspectores de la Agencia Tributaria continuaron con el registro que iniciaron el viernes en la sede central de la promotora Aifos y lo extendieron a una nave que la empresa tiene en el polígono La Huertecilla, de Málaga. La inspección comenzó de madrugada y concluyó la tarde del sábado.
La nave pertenece a la constructora Ziur, que es del grupo Aifos. Fuentes de la empresa informaron de que los agentes se desplazaron a ese almacén para copiar archivos informáticos después de haber registrado durante casi 17 horas la sede central en Málaga. Esta primera diligencia ordenada por el juez Miguel Ángel Torres, en la que estuvo presente una secretaria judicial, se desplegó a media mañana del viernes con una veintena de agentes e inspectores de la Agencia Tributaria.
Copiaron archivos informáticos y cogieron información sobre los dos hoteles de lujo que la empresa tiene en Marbella, el Gran Hotel Guadalpín y el Guadalpín Banús. Confiscaron también 200.000 euros en metálico que, según la empresa, estaban destinados para pagar a los proveedores.
García Lebrón fue el último en declarar la jornada del sábado y con él se cierra la ronda de interrogatorios de esta segunda fase de la operación Malaya, que se reactivó el pasado día 27 de junio con los arrestos de 30 personas, entre las que hay 13 ex concejales y otros 13 ex promotores. El juez ha enviado a prisión a ocho personas, siete ex ediles del antiguo tripartito marbellí y el empresario Fidel San Román; 11 han quedado en libertad con cargos y otras 11 han podido eludir la prisión tras pagar fianza. Las más cuantiosas han sido las impuestas a los empresarios Tomás Olivo, Emilio Rodríguez y José Ávila Rojas, que tuvieron que depositar en el acto 500.000 euros. Mientras, siguen sin presentarse ante el juez el ex concejal del PA en Marbella Carlos Fernández y el empresario granadino Carlos Sánchez. Al no haberse producido aún estas detenciones, lo previsible es que se dicten hoy mismo sendas órdenes de busca y captura contra ellos.
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