María Antonia Trujillo destaca la importancia de la colaboración en materia de vivienda entre ciudadanía, agentes sociales y económicos, y administraciones públicas
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha analizado durante su intervención en el Foro organizado por el Grupo Joly, las políticas desarrolladas en materia de vivienda en los dos años de legislatura socialista y la viabilidad del modelo urbano que propugna su ministerio. Así, ha destacado que su concepto de vivienda y suelo está unido a la ciudad y al territorio porque "es ahí, en el entorno urbano, donde las personas se relacionan, trabajan y disfrutan de su ocio". Por eso, ha dicho, "cualquier política de vivienda es sobre todo una política de ciudades y, en el momento actual en que las ciudades se extienden indefinidamente por el territorio, hay que considerarla una política territorial".
En este sentido, María Antonia Trujillo, ha apostado por una ciudad compacta y de proximidad, con un transporte colectivo eficaz, una buena red de equipamientos y servicios públicos, una oferta suficiente y diversa de vivienda asequible para todos los ciudadanos, una red de espacios públicos interconectados y un espacio público bien diseñado que facilite los desplazamientos de quienes no tienen plenas capacidades físicas. Durante su alocución, la titular de Vivienda ha destacado además los cuatro pilares sobre los que se cimienta la política de desarrollo sostenible de su departamento: sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional.
Política de colaboración, participación y debate
En cuanto a la dimensión institucional de la sostenibilidad, la titular de Vivienda, ha señalado que toda política pública exige una participación y una colaboración de todos; "no hay sitio, ha dicho, para una política pública de vivienda y ciudad en la que no haya participación y debate, y esta forma de actuar, buscando la colaboración y complicidad de todos los sectores y en todos los ámbitos, está marcando el día a día del Ministerio de Vivienda". En esta línea ha recordado los numerosos convenios que ha firmado su ministerio con colectivos tan diversos como sindicatos, constructores, promotores, arquitectos, aparejadores, ingenieros, geólogos, consumidores, asociaciones de personas con discapacidad o la Federación Española de Municipios y Provincias. Convenios y acuerdos de colaboración que se han suscrito para elaborar, difundir y aplicar el Código Técnico de la Edificación y para la elaboración del Plan de Vivienda 2005-2008. Asimismo, la ministra se ha referido a las reuniones que se han venido manteniendo en las últimas semanas entre Vivienda y distintos agentes para darles a conocer el Anteproyecto de la Ley de suelo y recabar sus opiniones al respecto.
Equidad social y política de Vivienda
Durante su intervención, María Antonia Trujillo, ha apostado por "una España solidaria, con políticas de marcado carácter social, en la que imperen las actuaciones dirigidas a conseguir una igualdad entre los ciudadanos impidiendo la discriminación y la exclusión social" y ha destacado las actuaciones de su departamento encaminadas a tal fin. Así, ha destacado que antes de cumplir cien días de gobierno se aprobó el Plan de Choque, "una inyección de más de 1.000 millones de euros al plan anterior, para el ejercicio 2004". Al mismo tiempo, ha dicho "se elaboró el nuevo Plan de Vivienda para el cuatrienio 2005-2008 que prevé 7.000 millones de euros para facilitar el acceso a más de 720.000 familias, aumentando el parque de vivienda protegida y fomentando la utilización de las viviendas existentes a través de ayudas al alquiler e incentivos a la rehabilitación de las zonas históricas y degradadas de nuestros pueblos y ciudades".
En cuanto a otro de los proyectos importantes de su departamento, la Ley de Suelo, María Antonia Trujillo, ha destacado que entre los objetivos que persigue está "el conseguir equilibrar la distribución de las plusvalías urbanísticas, asegurando la participación de la comunicad en consonancia con lo previsto en nuestra Constitución, a fin de garantizar suelo adecuado para poder construir vivienda protegida".
Otra de las políticas de su departamento que ha destacado para promover la equidad social ha sido la movilización de patrimonios de suelo público de la Administración General del Estado y la gestión urbanizadora de la entidad pública de suelo SEPES como operador público, lo que ha permitido que se hayan movilizado "más de 15 millones de metros cuadrados de suelo público, en los que se construirán más de 30.000 viviendas".
Sostenibilidad ambiental y económica
"La España que queremos, ha dicho la ministra, tiene que asumir además que tenemos un legado natural que tenemos la obligación de conservar y transmitir en las mejores condiciones a las futuras generaciones". Por eso, todas las políticas del Ministerio de Vivienda, según su responsable, están impregnadas de sostenibilidad ambiental "con el objetivo de que la actividad urbanizadora, una de las que consume mayor cantidad de recursos naturales, asuma el compromiso de limitar al máximo el consumo de suelo, agua y energía". En este sentido ha destacado el incremento en las ayudas contemplado en el Plan de Vivienda a la rehabilitación y reutilización de zonas ya construidas, a las políticas de fomento del alquiler, a la mejora de la eficiencia energética, al uso de energías renovables que establece el Código Técnico de la Edificación, y a los requisitos de sostenibilidad del desarrollo territorio y urbano contemplados en la Ley de Suelo.
Por último, al referirse a la sostenibilidad desde su dimensión económica, la ministra de Vivienda ha recordado que la actividad constructora es uno de los motores más importantes de la economía española pero "es preciso que las políticas del Ministerio ayuden a alcanzar niveles de crecimiento más acordes con la situación, que permitan mantener los precios de la vivienda con aumentos comparables a los de otros productos de primera necesidad". En este sentido ha destacado algunas de las políticas de su ministerio como las medidas recogidas en el CTE sobre eficiencia energética y el uso de energías renovables, que "permitirán un importante ahorro de energía" o las exigencias contempladas en la Ley de Suelo para que las actuaciones de urbanización incluyan un informe económico que pondere su impacto en las haciendas públicas.
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