

El convenio entre la Comunidad y el Colegio de Notarios de Madrid establece que los fedatarios comunicarán a la Administración autonómica todos los actos de compraventa de vivienda protegida que certifiquen.
Este formalismo facilitará el ejercicio del derecho de retracto, ya que el notario informará al comprador de que tiene que comunicar la compra de la vivienda a la Comunidad, ya que se trata de un piso protegido.
Además, informará a la Administración regional de esta transacción, independientemente de que lo haga el particular, incrementando así el control sobre un parque de viviendas cuya construcción ha sido financiada con recursos públicos.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicó en octubre de 2005 la Orden de Tanteo y Retracto, que le permite adquirir con carácter preferente cualquier vivienda que se ponga en venta en segundas o sucesivas transmisiones, siempre que se mantenga dentro del régimen de protección pública.
Los propietarios de estas viviendas y suelos calificados para la construcción de pisos protegidos que quieran venderlos tienen que solicitar autorización a la Comunidad para poder enajenar estos bienes.
Una vez recibida esta intención de venta, la Administración autonómica podrá ejercer el derecho de tanteo, que es la posibilidad de adquirir la vivienda con preferencia frente a cualquier otro comprador y al precio oficial de la vivienda protegida correspondiente. Si el vendedor acepta, la Comunidad le abonará el valor del piso y lo adjudicará a un solicitante de vivienda pública por el precio oficial vigente, evitando la existencia de sobreprecios.
En caso de la compraventa entre particulares, el comprador deberá informar a la Comunidad de esta transacción -entregando una copia de la escritura- y la Consejería dispondrá de un plazo de diez días para ejercer el derecho de retracto y adquirir la vivienda al precio oficial.
Según el acuerdo firmado, los notarios informarán al comprador de sus obligaciones como adquirente de una vivienda protegida y remitirán a la Comunidad un informe que certifique esta compraventa para facilitar el derecho de retracto. El convenio también incluye el compromiso de compartir información registral y estadística, y abrir nuevas vías de comunicación entre ambas instituciones para facilitar el intercambio de información y eventos para buscar soluciones para el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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