CCOO apoyó ayer las manifestaciones de los jóvenes en las últimas semanas para reivindicar su derecho a una vivienda digna, y propuso una batería de medidas para 'corregir' la actual situación, a la vez que reclamó a las administraciones que "afronten sus responsabilidades".
En un comunicado, la responsable de Política Social de CCOO, Pura García, afirma que este sindicato comparte "plenamente todas sus reivindicaciones", y destaca que Comisiones Obreras lleva dos años reclamando un cambio en la política de vivienda y señalando que "los problemas derivados del acceso y el precio de este bien de primera necesidad comienzan a ser insostenibles".
Recuerda que el esfuerzo salarial que se debe realizar en las grandes ciudades españolas para comprar una vivienda de 70 metros cuadrados llega a 9 veces el salario anual bruto, lo que obliga a destinar todo un salario al pago de la hipoteca, durante períodos de tiempo cada vez más amplios que, en muchos casos, superan ya los 30 años.
Además, añade el hecho de que cada punto de subida del tipo de interés incrementa en un 11 por ciento la cuota mensual de las hipotecas, algo que, junto al elevado nivel de endeudamiento de las familias, "hace que esta situación sea social y económicamente insostenible".
A juicio de CCOO debe impulsarse un cambio en las políticas de vivienda en todos los niveles de la administración.
Puesto que esta materia está descentralizada, "tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas y los propios ayuntamientos tienen mucho que decir".
Así, según García, "tener competencias no debería servir sólo para salir en la foto, sino para afrontar responsabilidades".
Por ello, CCOO defiende una batería de propuestas que podrían ayudar a corregir la actual situación.
Entre las medidas propuestas se encuentran el fomento de viviendas en régimen de alquiler con precios inferiores a los actuales para los inquilinos; el impulso a la construcción de Viviendas de Protección Oficial; la creación de un observatorio inmobiliario con participación de todas las partes implicadas; y la modificación de la política fiscal en materia de vivienda.
También propone limitar las deducciones fiscales de los Fondos de Inversión Inmobiliarios tan sólo a las operaciones dedicadas a la construcción y gestión de viviendas en alquiler; mejorar el uso del suelo evitando la especulación, considerando el conjunto del territorio como no urbanizable; y potenciar las cesiones de suelo a los ayuntamientos, y utilizar la fórmula de subasta pública y no de concurso como mecanismo de liberación de suelo.
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