

El ejecutivo pedirá a Rajoy que fraccione el retorno de la deuda de 14,7 millones. EU acepta no exigir medidas al equipo de gobierno al no poseer competencias
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón se salió ayer de la doctrina oficial del PP y aceptó elevar al pleno del próximo viernes la aprobación de una declaración institucional de Esquerra Unida en favor de la dación en pago de la hipoteca. En la anterior legislatura, populares y socialistas rechazaron en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados reformar la legislación en materia hipotecaria.
En el texto respaldado también por el PSPV-PSOE y Bloc, se insta al Gobierno a aprobar una moratoria para paralizar los desalojos y se respalda las demandas de las plataformas de afectados por las hipotecas para que la entrega de la vivienda liquide la deuda contraída con el banco.
La portavoz municipal de EU, Carmen Carreras, aceptó la petición del PP de retirar del texto de su proposición, al carecer de competencias para ello, el punto que exigía al consistorio adoptar medidas en ese sentido. “Estoy contentísima porque, a cambio de haber retirado este punto, el PP ha aceptado un texto muy importante de apoyo a un sector de la población que lo está pasando mal”, señaló Carreras.
También se aprobarán en la sesión ordinaria del viernes dos declaraciones institucionales más. Una pactada por los cuatro grupos municipales con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género que se celebrará el 25 de noviembre y otra más para pedir al Gobierno central el aplazamiento de la devolución de 14,7 millones de euros por el exceso de transferencias en los años 2008 y 2009.
En ese sentido el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, expresó su plena confianza en que Mariano Rajoy tenga la sensibilidad “que Rodríguez Zapatero nos ha negado a los castellonenses de forma rotunda”.
También se debatirá una moción socialista sobre la constitución de una comisión de Igualdad que elabore un plan de igualdad entre mujeres y hombres y otra moción del Bloc en contra de que el consistorio ceda suelo municipal para después construir colegios de carácter privado.
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