Animó a bancos y cajas a que sigan el ejemplo del Banco Santander, que esta semana anunció una carencia de tres años en el pago del capital de las hipotecas de sus clientes si pierden el empleo.
Corredor dijo que es positivo que los bancos "empiecen a asumir la responsabilidad que tienen en la situación dramática" de quienes peor lo han pasado, como los jóvenes y las familias más necesitadas, aunque también consideró que podría ser "una estrategia de una entidad financiera y ellos sabrán porqué lo hacen".
"Bienvenidas sean estas iniciativas si favorecen el alivio de las familias" a las que concedieron hipotecas en condiciones "insuperables", reiteró.
Con la salida de la crisis y la finalización de la reestructuración del sistema financiero es ahora "el momento" de exigir a las entidades que "estén a la altura de las circunstancias" y que apoyen con sus medios a las familias, reclamó la secretaria de Estado.
Respecto a otras medidas reclamadas desde la calle como la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria, Corredor manifestó el rechazo del Gobierno a implantar su obligatoriedad como único pago de la hipoteca, ya que no solucionaría el problema.
Las familias insolventes apenas son el 3 % de las hipotecadas y, con esta medida, también perderían su vivienda, al tiempo que se vería perjudicado el 97 % de las familias restantes.
Implantar la obligatoriedad de la dación en pago generaría un encarecimiento de las hipotecas, ya que las entidades financieras darían menos del 80 % del valor de tasación, acortarían su plazo, lo que aumentaría las cuotas a pagar, se encarecerían los tipos de interés y pedirían más garantías, exigencias y seguros adicionales, explicó Corredor.
Con esta medida se conseguiría que la práctica totalidad de la población que "paga bien" se responsabilice de una situación que es "dramática, pero no generalizada", dijo Corredor y recordó que la Ley Hipotecaria permite desde hace más de 150 años a las entidades financieras ofrecer este tipo de hipotecas y que, si no lo han hecho, es porque no ha habido demanda.
Por otro lado, recordó que el Gobierno, a través del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, promueve alojamientos para colectivos vulnerables, por lo que las familias a las que se les embarga su vivienda "no se van a la calle, pueden acceder a una vivienda en alquiler con una renta de entre 200 y 250 euros al mes".
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