El balance de la subcomisión parlamentaria, existen puntos de acuerdo, pero es imposible ponerlos en marcha por falta de tiempo
Los diputados coinciden en que es necesario impulsar cambios legales para frenar los abusos en las ejecuciones hipotecarias, pero los tres grupos más importantes se muestran reacios a adoptar la petición que se ha convertido en motor del Movimiento 15-M: la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda hipotecada salde la deuda con el banco. La disolución anticipada de las Cortes impedirá que las conclusiones se plasmen en una ley durante esta legislatura. Pero los diputados piensan apurar los plazos y continuar hasta el final. Alguno añade que lo allí hablado surtirá de munición para redactar el programa electoral de su partido.
Mientras Bankinter o el Santander han hecho guiños a los indignados que reclaman fórmulas para aliviar la asfixia de las familias que no pueden pagar su casa, en los pasillos del Congreso se barajan iniciativas que pueden lograr un consenso entre partidos. Entre otras medidas, se baraja regular la supervisión de las tasadoras para asegurar su total independencia de la banca; modificar la ley para que el importe por el que una entidad financiera ejecuta la hipoteca se aproxime al 100% del valor de tasación de la vivienda; articular procedimientos para proteger al deudor de buena fe que pierde su residencia habitual... "Nuestra voluntad es acometer la reforma del sistema hipotecario", dice el representante del PP, Pablo Matos.
Son algunas de los acuerdos que se atisban como posibles. Pese a que la subcomisión acaba de empezar sus trabajos, los diputados consultados por este periódico coinciden en estos aspectos. "En un tema ha coincidido todo el mundo: en la necesidad de actuar sobre las cláusulas abusivas. El banco reclama no solo lo que no le han pagado, sino unas cantidades horrorosas de mora", señala el presidente de la subcomisión, el convergente Pere Macías. "Hay que adoptar medidas para moderar los intereses de demora, que si se unen a las costas judiciales puede suponer un 30% de la deuda que hoy tienen que pagar los desahuciados. Otra iniciativa interesante sería que solo devengaran interes de demora por las cantidades impagadas, y no toda la deuda", señala Fernando Méndez, registrador de la propiedad cuya comparecencia fue de las más valoradas por los parlamentarios.
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