En total, en 2010 la Generalitat ocupaba 546.000 metros cuadrados de oficinas, de los que casi un 80% correspondían a edificios de Barcelona (415.000 metros).
La administración había llevado en las últimas décadas una política patrimonialista, optando por la compra de los inmuebles en los que ubica sus oficinas, en general situados en el centro de Barcelona para facilitar el acceso de los ciudadanos. Así, en 2003 el 57% de sus oficinas las ocupaba en propiedad, porcentaje que elevó hasta el 70% en 2009, y redujo paralelamente el peso del alquiler a solo el 19%, mientras otro 12% lo ocupaba con otras fórmulas como cesiones de uso de otras administraciones públicas (gobierno central y ayuntamientos).
Fuentes inmobiliarias señalan que la Generalitat, frente a otras administraciones públicas que han abierto procesos similares como la Junta de Andalucía, cuenta con la ventaja de la céntrica ubicación de sus edificios de oficinas y de su calificación urbanística (en general no de equipamientos públicos, sino de edificio privado, de tipo 13), que permite que se destine a oficinas de cualquier empresa, así como reconvertirlos en viviendas o hoteles, una versatilidad de uso que valoran mucho los inversores.
Más allá de las oficinas, sin embargo, la Generalitat es propietaria de centenares de inmuebles que albergan escuelas, hospitales, comisarias, cárceles y otros servicios públicos, que sí tienen la calificación de equipamientos, lo que dificulta su venta. Además, parte de su patrimonio está calificado como de “dominio público” (como las costas, las calles, las carreteras, etc), una categoría que impide su venta y que obligará al Consell Executiu a realizar un proceso de 'desafección' previo para corregirla.
Copyright© 2010 Urbaniza Interactiva S.A. CIF A01306547
