El director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, ha afirmado que el precio real de la vivienda ha caído un 20% desde sus máximos en el primer trimestre de 2008 y ha avanzado que aún podría descender un 10% adicional hasta finales de 2012 y principios de 2013, completando así un ajuste del 30% desde el inicio de la crisis.
‘Aún queda un recorrido en el ajuste de precios’, ha afirmado durante en su intervención durante la Conferencia Inmobiliaria de Madrid 2011, antesala del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA).
Según ha explicado, ‘podríamos estar llegando al final del ajuste de cantidades’, ya que se ha pasado de ritmos de producción de 750.000 viviendas al año durante el 'boom' a entre 90.000 y 100.000 inmuebles. Teniendo en cuenta que históricamente los ajustes del 'ladrillo' en España se realiza en este ámbito, supondría que ‘el grueso (del ajuste) está hecho’, ha dicho.
Tomando las cifras que las autoridades europeas han aplicado en los test de estrés, Malo de Molina ha dicho que aún existe una horquilla de 'stock' de viviendas sin vender que oscilaría entre las 800.000 y el 1,1 millones de inmuebles, lo que ‘sigue ejerciendo presión’ sobre los precios.
El Banco de España sostiene que ‘queda un recorrido en el ajuste de precios’ que se prolongará hasta finales de 2012 o principios de 2013, hasta un ajuste total de hasta el 30%. Además, ha dicho que en el caso del suelo, el descenso de los precios es ya del 30% en términos reales y que alcanzará el 45% o el 50%.
Dicho esto, el director del Servicio de Estudios del Banco de España ha señalado ‘que no basta con hacer la digestión’ de estos excesos para asegurar el buen funcionamiento del sector inmobiliario, sino que ‘hay que sacar lecciones para que no se vuelvan a repetir’.
En su opinión, es necesario generar un mercado del alquiler ‘más fuerte y más potente’ y ha afirmado que ‘hay mucho que hacer en los planos fiscal y regulatorio’. Además, apostó por ‘mejorar sustancialmente la información estadística’, así como por ‘repensar’ los mecanismos de financiación de los ayuntamientos.
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