El grupo parlamentario que componen ERC, IU e ICV quiere llevar al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno a legislar contra las conocidas como 'cláusulas suelo' de los préstamos hipotecarios, después de que PSOE y PP rechazaran una enmienda a la Ley de contratos de crédito que buscaba que se les considerara ‘prácticas abusivas’.
Asimismo, estas formaciones exigen que esta medida se aplique a todos los préstamos y créditos hipotecarios en los que el bien hipotecado sea la vivienda familiar ‘que tengan un saldo pendiente de cancelar’, es decir, a aquellas que sigan vigentes.
El texto de la iniciativa, eleva al debate parlamentario las reivindicaciones que Adicae para poner ‘poner límites a esta práctica fraudulenta’, que debe ser ‘sancionada’ legalmente como ‘práctica abusiva’.
En este sentido, también se rechazaría la cláusula si el límite establecido a la bajada es igual o mayor al 40% del valor del índice de referencia aplicable en el momento de la contratación que figure en el contrato, o si la diferencia entre los límites fijados en el contrato para el descenso y subida de los tipos de interés sea igual o mayor a 4 puntos porcentuales.
Durante el debate de la enmienda el pasado martes, el socialista Álex Sáez Jubero señaló que ‘en principio son fórmulas contractuales válidas con causa lícita’ que, además, cumplen con el objetivo de libertad de contratación que forma parte del ordenamiento jurídico, que es al que le corresponde determinar los casos con ‘carácter abusivo o de incumplimiento de la legislación bancaria’.
Por su parte, la 'popular' Dolors Nadal aseguró que la propuesta es muy parcial y lo que se tiene que resolver es la ‘necesaria actualización de nuestro sistema hipotecario’, tal y como plantean la propuesta pactada por todos los grupos a iniciativa del PP y de ERC para crear una subcomisión parlamentaria sobre los problemas de las hipotecas y las ‘prácticas abusivas’ de los contratos.
Dicha subcomisión, cuya creación se formalizará previsiblemente en la segunda semana de mayo, empezará sus trabajos en junio con la previsión de poder elaborar un paquete de recomendaciones y exigencias sobre los cambios legislativos pertinentes.
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