La Junta de Andalucía aprueba en Consejo de Gobierno el Reglamento de Disciplina Urbanística, según indicaron en fuentes de la Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta, que precisaron que Andalucía será 'la primera comunidad en toda España que cuenta con un reglamento de este tipo que aglutina toda la legislación vigente en materia de prevención, inspección y sanción'.
El PP-A consideró una 'demagogia absoluta' que la Junta hable de demoliciones exprés y consideró que el reglamento de disciplina urbanística aprobado por la Junta 'llega 30 años tarde', según indicó la portavoz popular de Vivienda en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, quien criticó la 'falta de seriedad' de la junta en ese sentido.
Fuentes de la Oficina del Portavoz destacaron que este reglamento 'permitirá a los ayuntamientos y a la propia Junta disponer de un solo documento para la aplicación del conjunto de la legislación vigente en la materia, aportando claridad de criterios, agilidad y seguridad jurídica en el desarrollo diario de la disciplina urbanística'.
Fuentes de la Consejería de Vivienda recordaron hace varios días que este reglamento es uno de las normativas que desarrollan la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ya indicó en anteriores ocasiones que este reglamento desarrollará un procedimiento de demolición sumaria en el plazo de un mes para el caso de edificaciones 'manifiestamente ilegalizables'.
El documento además de reforzar las competencias de los consistorios, acorta los plazos para llevar a cabo las demoliciones exprés. De esta forma, desde que un alcalde inicie el expediente y se lo comunique al infractor, el consistorio tendrá un mes como fecha tope para dictar una resolución y, a partir de ahí, se dará un plazo máximo de dos meses para derribar la vivienda, aunque una de las novedades del reglamento es que se reducirá un 50 por ciento la multa económica si el ciudadano ejecuta la demolición en el primer mes.
Hace varios meses, el consejero del ramo, Juan Espadas, ya indicó que este reglamento 'reforzará la capacidad de los ayuntamientos en materia de disciplina urbanística', puesto que 'siempre se había alegado que los ayuntamientos no podrían paralizar determinadas construcciones en suelo no urbanizable porque los juzgados no lo permitían', algo que ahora cambiará con este reglamento, que permitirá 'reforzar la capacidad de los consistorios y darles mayores facultades para el ejercicio de sus competencias urbanísticas'.
Dicho reglamento permitirá 'reforzar la coordinación' entre el Ayuntamiento y la Junta y poner en marcha los planes de inspección municipales.
Asimismo, ya en anteriores ocasiones el consejero explicó en anteriores ocasiones que este nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística que se está ultimando desarrollará un procedimiento de demolición sumaria en el plazo de un mes para el caso de edificaciones 'manifiestamente ilegalizables'.
Además del desarrollo de ese procedimiento de demolición sumaria para edificaciones sin posibilidad de ser legalizadas, este nuevo reglamento incorporará otras novedades, como el desarrollo de las potestades que permitirán, en la misma línea de actuación preventiva, la adopción de medidas cautelares por parte de los alcaldes contra obras sin licencia.
En este sentido, el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía también establecerá el carácter obligado de las licencias urbanísticas, detallando el común de supuestos en que deben ser solicitadas y procurando una mayor agilización en el procedimiento de otorgamiento de las mismas, y desarrolla el deber municipal de revisar de oficio las licencias otorgadas con vicios de nulidad.
Martínez consideró que este reglamento 'llega 30 años tarde y parece más de lo mismo', tiempo durante el que la Junta 'ha estado aplicando un reglamento preconstitucional', tras lo que aseguró que 'hoy quedan vigentes reglamentos desde 1978, como son el de planeamiento y el de gestión urbanística'.
Por ello, lamentó que el gobierno socialista de la Junta 'ha dejado pasar el tiempo, ha mirado para otro lado dejando hacer y dejando crecer un problema importante en Andalucía como es el de las parcelaciones ilegales'.
Aunque reconoció que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ya preveía desde 2002 el desarrollo y actualización de dicho reglamento y otros nuevos, finalmente 'se ha tardado ocho años para hacer un reglamento para atajar un problema que no tiene solución'.
Asimismo recordó que la Comisión Europea 'ha valorado negativamente el problema de la construcción indiscriminada en el litoral' y agregó que el Defensor del Pueblo andaluz, en su informe sobre la ordenación del territorio 'llama verdaderamente la atención sobre el problema que ha generado la falta de una política activa en materia de ordenación del territorio y urbanismo', de forma que el Defensor estima que hay unas 1.000 urbanizaciones ilegales con unas 300.000 viviendas, en lo que supone 'un problema que afecta a casi un millón de personas en la Comunidad'.
'Chiclana, Conil, el Alto Almanzora y la Axarquía y muchos municipios de interior se han visto afectados por este problema de parcelaciones ilegales, en muchos casos derivado de la falta de control municipal y en todos los casos por la pasividad de la Junta, unido ello a la inseguridad jurídica; todo ello ha generado situaciones insostenibles, con sobreexplotaciones de acuíferos y falta de equipamientos'.
'Se ha construido sin control en zonas inundables y todo ello bajo la irresponsabilidad de la Junta, y eso no se puede arreglar con un reglamento que desarrolla la LOUA', añadió Martínez.
Para el PP-A 'es necesario dar paso más allá y un cambio real, pues no se puede seguir en la línea que lleva la Junta, que ha permitido lo que ha pasado, pues hay 60 alcaldes imputados por delitos urbanísticos en Andalucía'.
Por ello, anunció que el PP-A está trabajando en una proposición de Ley del Territorio y las Ciudades Andaluzas que aborde la regularización de parcelaciones ilegales 'teniendo en cuenta que muchas de ellas obtuvieron el visto bueno de las comisiones provinciales de urbanismo'.
En ese sentido, formaron un grupo de trabajo con representantes de los municipios y expertos para preparar esta propuesta normativa.
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