El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados quiere que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, acuda a la Cámara Baja para hacer balance de la evolución de la Renta Básica de Emancipación (RBE) tras las modificaciones introducidas en 2009 para 'mejorar y agilizar' la tramitación de esta ayuda de 210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años.
El Gobierno modificó en marzo el real decreto que regula esta renta después de los retrasos que se habían venido produciendo en algunas comunidades autónomas.
Asimismo, se estableció un plazo máximo para la solicitud de las ayudas, para el aval y la fianza de tres meses desde la firma del contrato de alquiler, salvo que las comunidades autónomas establezcan un plazo inferior.
Un total de 167.472 jóvenes perciben actualmente la ayuda, tras un repunte del 12,4% en diciembre. Asimismo, 18.478 jóvenes más empezaron a recibir la Renta en el cuarto trimestre del pasado año, lo que suma un desembolso de 399,4 millones de euros desde que la ayuda entrara en vigor.
En concreto, Vivienda ha destinado 390,3 millones de euros al pago de mensualidades y aval y 9,1 millones a pagos de préstamos de fianza. El número de solicitudes de la RBE ascendió hasta las 314.583 en los doce meses de 2009, 33.876 más que las registradas hasta octubre, lo que, según destacó el Ministerio, afianza la prestación.
Sin embargo, el PP, a través de su portavoz de Vivienda, Pablo Matos, critica el corto alcance de las ayudas a los jóvenes, cuyo 'fracaso' achaca al 'exceso de celo de marketing' del Gobierno, que en lugar de transferir los fondos a las comunidades, sólo les dejó la tramitación del expediente para solicitarlas 'para que los jóvenes sepan perfectamente quién les paga', lo que ha dificultado los trámites para la concesión de las ayudas.
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