El Gobierno catalán ha decidido aumentar el año próximo las ayudas al pago de las hipotecas y los alquileres de las familias que no lleguen a final de mes.
La medida, que forma parte del Plan Anticrisis impulsado para 2010, está incluida en las ayudas a la vivienda que gestionará la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda. La Generalitat cubrirá la amortización tanto del crédito hipotecario como de la cuota mensual de las personas que vivan en régimen de alquiler. El importe máximo de la ayuda será de 2.800 euros, con lo que las personas a las que se les conceda su solicitud deberán administrar este importe durante el tiempo que esperen para regularizar sus ingresos. “Lo que pretendemos es que las familias catalanas que se han quedado en situación de desempleo o que no pueden afrontar el pago puntual de su hipoteca o de su alquiler no se queden en la calle. La Generalitat se ocupará del pago de dicha amortización durante el tiempo que dure la ayuda”, aseguran a El Confidencial fuentes de la Consejería.
Eso sí, habrá que cumplir ciertas condiciones para optar a estas ayudas. En el caso de la amortización de la cuota mensual de un crédito hipotecario, ésta no deberá superar los 1.000 euros mensuales y, en el caso de un alquiler mensual, el solicitante no deberá pagar más de 900 euros para acceder a la prestación. Otra de las condiciones es que los ingresos anuales de los que perciban el rescate no superen los 20.000 euros.
A lo largo de este año la Secretaría de Vivienda de la Generalitat ha recibido 1.250 solicitudes de personas que demandaban la ayuda y la mayoría han sido concedidas por un importe que ha costado a la Generalitat cerca de 2 millones de euros. Para el año que viene, y gracias al Plan Anticrisis, esta partida de ayudas asciende a 5 millones de euros, que formarán parte del presupuesto de la Consejería que encabeza el ecosocialista Francesc Baltasar.
El Ejecutivo de José Montilla ya sorprendió a finales de 2008 con el anuncio de adquirir pisos vacíos a los propietarios que los tuvieran en esta situación durante más de un año para gestionarlos en régimen de alquiler con el objetivo de ayudar a los jóvenes a emanciparse y acceder a la vivienda. También impulsó el año pasado un programa, dotado con 35 millones de euros, para conceder préstamos sin intereses a los que no puedan hacer frente a los pagos. Este programa, sin embargo, será administrado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la agencia crediticia de la Generalitat, que depende del Departamento de Economía y Finanzas, en el 2010, en vez del Departamento correspondiente.
El Gobierno catalán todavía no ha detallado el número de beneficiarios potenciales que puedan acogerse a él. Fuentes del Ejecutivo señalaron a este diario que la medida está pendiente de un acuerdo con la banca, ya que también pretende tomar la vivienda hipotecada como aval para sus préstamos.
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