La Comisión Nacional de la Competencia ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Asociación Gallega de Corredores y Corredurías de Seguros, (Agacose) y abrirá una investigación a 32 bancos y cajas de ahorros españolas por vincular la concesión de una hipoteca a la firma de uno o más seguros con la misma entidad financiera.
Los denunciantes argumentan que esta práctica es «coactiva» porque la persona que va a solicitar el crédito más importante de su vida se ve privado de la libertad de contratación del consumidor. Muchas corredurías de seguros han visto cómo sus clientes se fugaban a las aseguradoras recomendadas por los bancos para lograr un descuento en la hipoteca.
El organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en el mercado español examinará la queja y abrirá una investigación para comprobar si las entidades, entre las que figuran algunas gallegas, hacen competencia desleal a las aseguradoras. Otra denuncia similar ha sido presentada en la Dirección General de Seguros.
Los corredores de seguros gallegos actúan junto a la Asociación Catalana de Corredores de Seguros (ACCA), quienes informaron de estas gestiones a más de 200 corredores y corredurías de seguros, en un acto celebrado en Santiago el pasado jueves.
El objetivo que persiguen pasa por que la Comisión declare que las prácticas que vinculan los precios de las hipotecas, e incluso la concesión de estas, a la contratación de seguros en entidades filiales de las financieras o a través e mediadores dependientes de estas, es contraria a la legislación vigente, por lo que debe prohibirse.
Agacose y ACCA consideran que las entidades financieras imponen la contratación de primas a sus clientes, bajo la fórmula de importantes sobrecostes si el cliente no accede a ello. Creen que los seguros no tienen nada que ver con la operación principal, pero las entidades financieras «imponen» su contratación. «Si no aceptan, no pueden suscribir la hipoteca o les sale más cara, por lo que desaparece la libertad de contratación y se da un caso de imposición, proscrito por la vigente ley de mediación», explicó ayer el portavoz de Agacose, Ignacio Pérez Amoedo.
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