La ciudadanía no necesita que el Gobierno avale los préstamos para VPO, sino una política de vivienda protegida a precios no abusivos.
Ante el anuncio realizado por la Ministra de Vivienda -Beatriz Corredor- el pasado mes de mayo, sobre la nueva medida del aval del 50% del préstamo hipotecario para VPO por parte del Gobierno, la Plataforma por una Vivienda Digna quiere manifestar el más absoluto rechazo a medidas como esta, que perpetúan una situación de precios desorbitados en la vivienda protegida (en ocasiones con precios superiores a la vivienda libre), que deterioran la solvencia del país y no cambian nada en las raíces del problema de acceso a la vivienda en España.
La Vivienda Protegida ha ido sufriendo un aumento de precios a medida que la vivienda libre lo iba sufriendo también y paradójicamente, ahí se mantienen esos precios aún cuando la vivienda libre y suelos se están abaratando. El Gobierno y las distintas CCAA, no sólo han sido incapaces de contener y controlar los precios reales de la VPO, tal como deben hacer, sino que han aumentado de forma deliberada los precios del metro cuadrado en la vivienda protegida y propiciado la aparición de nuevas tipologías para rentas altas para contentar a los promotores que argumentaban que la VPO “no era rentable”.
La supuesta “poca” rentabilidad de la VPO ha resultado ser totalmente falsa. Hoy, la mayoría de las viviendas protegidas en grandes ciudades tienen márgenes de beneficio de entre el 80 y el 180%, porcentajes demostrables y absolutamente escandalosos. La reclamación y aceptación de subidas de los últimos años se ha debido a la pretensión del sector privado de seguir con ganancias inaceptables, y a la perversa práctica consistente en que otras instituciones y organizaciones se financien de forma opaca con la vivienda pública. Para ello, el Ministerio no dudó en aumentar los tramos y obligar a la suculenta bolsa de demandantes a pagar beneficios injustificados a las promotoras, lo que resulta de todo punto imperdonable si pensamos que se trata de personas de pocos recursos y necesitadas de primera vivienda.
En 2009, y a causa de este aumento de precios, nos encontramos con que miles de familias no pueden acceder a la vivienda protegida que les fue adjudicada, ya que sus ingresos son insuficientes para afrontar una hipoteca tan elevada. Se ha producido una avalancha de renuncias en distintos puntos del país y, ¿cuál es la respuesta del Gobierno? Poner en riesgo dinero público para avalar los préstamos, manteniendo los elevadísimos precios de la VPO y continuando con esta situación irracional cuando, curiosamente, muestra muy poca diligencia en la aplicación de las bajadas de tipos de interés a los préstamos cualificados, lo que deja en clara desventaja a los adjudicatarios que ya disfrutan de una vivienda protegida. El colmo es siquiera que se plantee por algunas organizaciones extender estos avales al ámbito de la vivienda libre. Es preciso asumir de una vez que el problema del crédito, es un problema de precios inflados y de capacidad de pago de las familias.
En una época de crisis como la actual las consecuencias de las subidas de precios de la vivienda pública son nefastas en varios sentidos. Además de mantener las reducidas opciones de acceso a una vivienda para las clases desfavorecidas, tal como afirma la ONU en su informe sobre nuestro país, las subidas iniciadas por el Ministerio y aumentadas por la mayoría de las comunidades autónomas obligan a las familias a destinar una gran parte de su renta a vivienda, lo que impide la dinamización de otros sectores económicos. Analizando bien, resultará que la crisis no viene solamente de fuera, y además está muy relacionada con lo sucedido en la vivienda durante los últimos años.
Desde la PVD apelamos al sentido común y a la consideración de la vivienda como un bien esencial para las personas, que debe permanecer al margen de la lógica de maximización de beneficios de las empresas, dejar de servir para la financiación opaca de la administración y otras organizaciones, y pasar a tener una regulación efectiva, destinada a garantizar el acceso a la vivienda con unos precios acordes a los salarios. Por tanto, solicitamos la eliminación de los avales públicos para hipotecas de VPO creados para sostener precios inaceptablemente elevados y reclamamos, para toda España, la revisión rotunda a la baja de los precios de la vivienda protegida.
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