AEGIC y AECCTI opinan sobre la gestión delegada por las administraciones en entidades privadas
La Asociación Española de Grupos Empresariales de Inspección y Certificación (AEGIC) y la Asociación de Empresas de Control de Calidad y Control Técnico Independientes (AECCTI), dos de las principales asociaciones españolas de compañías de control y certificación, consideran muy positivo el reciente acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Madrid, para externalizar el proceso de inspección para la obtención de licencias urbanísticas municipales.
El objetivo del proyecto de Ordenanza aprobado ha sido mejorar la eficacia en la gestión y el control de estas licencias a través de las entidades privadas acreditadas, para favorecer el desarrollo de las actividades y los negocios en Madrid, propiciando la creación de empleo e incrementando la calidad de los servicios municipales.
AEGIC y AECCTI ven muy positiva esta decisión del Ayuntamiento en aspectos como son la reducción de plazos de tramitación y las garantías que a este novedoso sistema le confieren la independencia, la solvencia técnica, económica y la acreditación conforme a la norma internacional de las entidades que van a colaborar con el Ayuntamiento.
El volumen creciente de nuevas instalaciones y el gran número de las existentes, ha obligado a las Administraciones a liberalizar el control de la puesta en servicio, el control del mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones y equipos, todo ello orientado a evitar accidentes en las personas, medio ambiente y bienes.
Esta exigencia se ha ido extendiendo desde el ámbito europeo al ámbito municipal, pasando por estados y regiones. En este contexto se enmarcan las directivas europeas de nuevo enfoque, los nuevos reglamentos nacionales y la proliferación de órdenes autonómicas y de ordenanzas municipales.
Este proceso requiere de recursos y requisitos entre los que son de especial importancia:
1.- Disponer de un número suficiente de técnicos capaces de dar respuesta en tiempo y forma al control de las instalaciones y equipos en continuo aumento.
2.- Aportar formación adecuada del personal que debe dar respuesta a las exigencias técnicas y administrativas.
3.- Poseer independencia de actuación para salvaguardar los intereses del ciudadano y de las instaladoras e ingenierías. Lo que garantiza la constitución de estas entidades ya que no pueden estar participadas por empresas que se dediquen a actividades relacionadas con el montaje, el mantenimiento ni la ingeniería.
Todo lo expuesto unido a la creciente demanda social de seguridad, ha hecho inviable que el personal funcionarial pueda dar respuesta a las exigencias crecientes de una demanda masiva de seguridad y servicio.
En el año 2003 comenzó el proceso de externalizar a entidades privadas reguladas por el R.D 2200/94, cuya independencia la garantiza el cumplimiento con la EN 17020, supervisada la acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Este proceso ha requerido de un esfuerzo en diversas vertientes: de formación específica, inversión informática, unificación de procedimientos, disciplina de control mediante auditorias regulares, formación permanente, unificación de procedimientos y autocontrol sostenido por parte de las entidades.
El total de expedientes tramitados desde el 2003 por las entidades de este tipo ha sido de 409.000.
Las ventajas evaluables del nuevo sistema han sido:
Evitar demoras en las puestas en servicio que en algunos casos llegaban a alcanzar hasta 3-4 años.
Garantizar una independencia de las entidades inspectoras respecto a proyectistas e instaladores.
Ahorro económico ya que el coste respecto a los gastos provocados por las demoras son muy favorables a la nueva situación.
Un servicio abierto adecuado a la necesidad del ciudadano, con centros de atención en las sedes de las diversas entidades, las cuales puede elegir el usuario.
Un incremento en puestos de trabajo para todas las titulaciones técnicas universitarias, ya que el número de titulados que estas entidades manejan en Madrid es de unos 200 técnicos independientemente del personal administrativo u otro.
Estar sujeto a protocolos de inspección unificados.
Estar sometidas todas las inspecciones a un proceso de control que a través de la herramienta informática lleva a cabo la CITCM.
Por todo ello, desde ambas asociaciones, reiteramos nuestra afinidad con las prioridades del Gobierno de la ciudad de incrementar los niveles de celeridad y seguridad jurídica en el diseño normativo de estos procedimientos administrativos y muy especialmente en los que tienen un impacto directo en la actividad económica de la ciudad o en el ejercicio de derechos esenciales por parte de los ciudadanos.
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