Durante la inauguración del Salón Inmobiliario SIMA'09, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre manifestaron sus discrepancias sobre la conveniencia de mantener o no la deducción por la compra de vivienda.
Por una parte, la ministra insistió en la necesidad de eliminar este incentivo fiscal para las rentas superiores a 24.000 euros, ya que considera que sólo ha servido para "elevar artificialmente el precio de la vivienda".
Por otra, Aguirre defendió su mantenimiento porque se trata de un estímulo a la demanda muy necesario para un sector en profunda crisis, motivo por el que la Comunidad de Madrid ha incrementado en un 20 por ciento la desgravación por adquisición de vivienda habitual, decisión que Corredor calificó la pasada semana de tomadura de pelo a los madrileños.
Frente al llamamiento de la ministra para que el sector inmobiliario se sume al nuevo patrón de crecimiento más sostenible que está impulsando el Gobierno, la presidenta madrileña aseguró que el único modelo posible es aquel en el que las administraciones públicas "lejos de invertir directamente, remuevan las barreras con que se encuentra la iniciativa privada", apoyando a los emprendedores y creadores de empleo.
Aguirre se mostró interesada en saber en qué va a consistir el nuevo modelo productivo sostenible propugnado por el Gobierno, ya que dijo conocer únicamente dos modelos económicos, "el soviético y el liberal occidental".
Corredor dijo que las "viejas recetas conservadoras" no han servido para facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos, razón por la que defendió la lealtad institucional "como única vía posible de relación entre administraciones" e invitó a Aguirre trabajar juntas por un modelo económico más justo.
La presidenta madrileña aceptó la invitación y puso como ejemplo de esa colaboración la firma del convenio para la puesta en marcha en Madrid del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, que asigna a la comunidad una inversión estatal de 1.300 millones de euros.
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