Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Apis) pidieron ayer al Gobierno que financie parte del importe de los préstamos hipotecarios que concedan los bancos a los nuevos compradores de vivienda, siempre que la adquieran para su uso o para alquilarla con una renta controlada.
El presidente del Consejo General de los Colegios de la Propiedad Inmobiliaria (Coapis), Santiago Baena, explicó que esta medida iría destinada a evitar la paralización de la concesión de créditos experimentada en 2008, cuando se rechazó la hipoteca a la mitad de los compradores que la pidieron.
Según los datos recopilados por los casi 7.000 agentes colegiados, en algunas zonas como Levante el número de compradores que no pudieron conseguir una hipoteca ascendió al 80 por ciento, debido al "mayor desarrollo urbanístico y a la exposición de las cajas de ahorro de la zona al negocio inmobiliario".
El presidente de los Coapis pidió también al Gobierno exenciones fiscales en el IVA o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los compradores que adquieran una vivienda, siempre que devuelvan las deducciones al venderla, o que, si optan por alquilarla, reciban una renta controlada.
Planteó posibles ayudas del Estado a las inmobiliarias que renuncien a parte de su préstamo al promotor a favor del comprador, que vería reducida su hipoteca.
Baena constató que durante 2008 se deshicieron muchas operaciones de venta al entregarse las promociones por culpa de las entidades de crédito, que no admitieron que los compradores se subrogaran al crédito al promotor.
La restricción de crédito también afectó a las viviendas de segunda mano, ya que tuvieron que deshacerse operaciones de compra ya señalizadas, lo que alargó los plazos de venta a más de un año, frente a los 6 meses de 2007 o el mes y medio de 2006.
Debido a la falta de financiación, el precio de cierre de las ventas de vivienda de segunda mano disminuyó un 20 por ciento en 2008, dato ante el que el consejero de los Coapis Germán Navarro aseguró que "a la vivienda usada ya no le queda mucho recorrido".
También consideró que los promotores no podrán rebajar más el precio de las viviendas, dado que preferirán traspasar sus activos a la banca antes que venderlos por debajo del valor del crédito que pidieron para construir los inmuebles.
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