El Gobierno vasco anuncia ayudas a parados para evitar que les embarguen el piso.
El Departamento de Vivienda prevé la recompra de inmuebles libres y protegidos a los afectados por la crisis, así como subvenciones al alquiler.
El Gobierno vasco ha ofrecido una alternativa a los vascos que se queden en paro por la crisis económica y no puedan pagar la hipoteca del piso que adquirieron en el mercado libre; recomprará el inmueble siempre que no haya costado más de 275.000 euros y a condición de que la entidad financiera acepte renunciar «por escrito» al 20% del crédito pendiente de amortización, así como a los intereses y a las comisiones de cancelación.
El desempleado continuará en el piso en régimen de alquiler, pero tendrá la posibilidad de recuperarlo si su situación mejora en el futuro. Ahora bien, aunque ejerza ese derecho, el inmueble tendrá en adelante la calificación permanente de piso protegido. Así lo anunció ayer el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, quien presentó un paquete de «medidas anticrisis» para evitar que los trabajadores afectados por despidos colectivos o por expedientes de regulación de empleo se vean abocados al desahucio.
Estas medidas, que se aplicaran durante 2009 y 2010, no sólo abarcarán las hipotecas de los pisos libres. Igualmente incluyen la posibilidad de recomprar viviendas de protección oficial (VPO) cuando los adjudicatarios se encuentren en paro. En este caso, éstos recibirán un piso de alquiler social, mientras que la VPO pasará a engrosar la bolsa de inmuebles que gestiona Etxebide y será entregada a personas apuntadas en las listas de espera.
El Departamento de Vivienda tiene previsto conceder ayudas para el alquiler libre en el mismo supuesto de desempleo «sobrevenido» del inquilino. La renta cobrada por el casero no podrá superar los 1.050 euros mensuales y, además, éste tendrá que renunciar a percibir el 30% de esa cantidad. El inquilino pagará un máximo 450 euros al mes durante dos años, mientras que la diferencia entre esa suma y la renta 'recortada' se la abonará Gobierno vasco al casero. Acabado el plazo de dos años, el beneficiario tendrá que desembolsar el total de la renta actualizada.
Los beneficiarios de los tres tipos de iniciativas diseñadas por el Gobierno vasco -comprador de vivienda libre, comprador de VPO e inquilino de alquiler libre - tendrán que cumplir cuatro condiciones: estar en paro al menos durante los tres meses anteriores a la solicitud de la ayuda; utilizar el piso como residencia habitual; carecer de otro inmueble en propiedad y percibir menos de 22.000 euros anuales durante los últimos doce meses.
Madrazo no precisó cuántas personas se acabarán acogiendo a las alternativas del Ejecutivo tripartito, presentadas en vísperas de la campaña de las elecciones autonómicas. Sin embargo, subrayó que ya están en vigor, puesto que su departamento puede apoyarse en el actual decreto sobre viviendas protegidas. «Se actuará caso por caso -precisó el consejero-. Son medidas pioneras y progresistas que no se ha atrevido a poner en marcha ningún otro Gobierno».
Madrazo reconoció que la recompra de viviendas libres requiere de la implicación de los bancos y de las cajas de ahorros, pues se exige la renuncia al 20% del crédito pendiente. Explicó que su consejería no ha firmado ningún convenio con las entidades financieras, pero las emplazó a que asuman su «responsabilidad», pues, a su modo de ver, han sido «las principales culpables de la actual situación económica y ahora deben compensar la actitud irresponsable mantenida en la época de vacas gordas». Del mismo modo, Madrazo criticó que el Ejecutivo central haya ofrecido a los parados una moratoria de dos años en el pago de los intereses de las hipotecas. «No resuelven el problema -aseguró-. Lo aplazan y al final lo agravan».
El Gobierno vasco ha previsto que los desempleados que se encuentren acuciados por la hipoteca de una vivienda libre no sólo puedan cancelar su deuda con el banco o caja de ahorros, siempre que estos acepten la quita del 20%. También recibirán la diferencia entre el crédito 'principal' que tenían pendiente y una cantidad máxima de 220.000 euros, límite que se aplicará cuando el piso haya sido escriturado por 275.000. Lógicamente, si el precio del inmueble fue inferior a esa suma, el tope máximo de 220.000, que es lo que hoy vale un piso tasado, irá decreciendo de forma proporcional.
El dinero de la diferencia será entregado en dos partes: el 60%, en efectivo y el 40%, a cuenta del alquiler que el beneficiario deberá pagar en su nueva situación. Si pasado un tiempo desea recuperar el piso, tendrá que pagar por él la cantidad estipulada como vivienda protegida.
No obstante, el 30% de las cantidades que se haya abonado por el arrendamiento serán deducidas como anticipo sobre el precio de venta final.
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