'Caso de la Casa Tangora': Una de las primeras sentencias condenatorias por 'moobing'
El PP justifica su apoyo por 'tediosa coherencia' y el PSOE lamenta la 'inoportunidad legislativa' a pesar del voto favorable
Todos los grupos del Congreso de los Diputados mostraron ayer en el Pleno del Congreso su apoyo a tramitar una proposición de ley orgánica de CiU para agilizar los procesos de desahucio en caso de impago de alquiler, con el objetivo de dotar de 'más seguridad a los arrendatarios y arrendadores' y potenciar el mercado de viviendas en régimen de alquiler, así como para impedir los procesos de 'mobbing' inmobiliario.
El portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macías, justificó el 'reiterado interés' de los nacionalistas catalanes en esta iniciativa por la necesidad de establecer un 'mecanismo rápido y eficaz' de protección para los arrendadores, para dar el suficiente impulso al mercado del alquiler inmobiliario.
En este sentido recordó que esta iniciativa, que abarca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento Civil, fue aprobada por el Senado a finales de 2007, pero decayó por el final de la legislatura, a pesar de la 'urgencia' que suscitan las graves dificultades para arrendadores y arrendatarios.
La proposición de CiU también buscaba evitar las dificultades que sufren muchos ciudadanos para mantener la vivienda en régimen de alquiler, por lo que exige a la Administración que proteja a aquellas personas que se ven forzadas a abandonar una finca arrendada debido a que no pueden hacer frente al pago de la renta al no disponer de recursos.
Por este motivo, instaba al Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, otro proyecto de ley para crear un fondo de ayudas destinadas a sufragar el impago de las rentas de alquiler de vivienda habitual para personas en situación de alta vulnerabilidad social y víctimas del denominado acoso o 'mobbing' inmobiliario.
El representante del PP, Vicente Ferrer, señaló que la propuesta de ley es 'plenamente coincidente' con las medidas para el impulso del alquiler que defiende el PP, y justificó su apoyo por su 'tediosa coherencia' que contrasta con la falta de consecuencia del PSOE en sus políticas de vivienda. También con respecto a esta iniciativa, que en la anterior legislatura rechazó primero en la Cámara Baja para apoyarla en el Senado.
Sin embargo, la socialista Carmen Juanes mostró también su apoyo a la propuesta de CiU, aunque advirtió de su 'inoportunidad' por coincidir con la tramitación de un proyecto legislativo sobre esta cuestión por parte del Gobierno, por lo que su tramitación deberá ser 'subsumida' en el proyecto de ley que remita el Ejecutivo. 'El Gobierno tiene como objetivo impulsar el alquiler y nuestra posición no puede ser más clara', remachó.
El diputado del PNV, Emilio Olabarría, también apoyó la propuesta de CiU, en unos momentos en que existe un 'gap' en materia de morosidad de los alquilares, que hace 'sorprendente' que haya gente en España que 'se atreva' a poner su casa en alquiler, debido al 'abuso de los enervamientos' del ordenamiento jurídico a la hora de dar 'luz verde' a los desalojos.
El representante de ERC, Joan Ridao, tras asegurar que la actual ley de arrendamientos urbanos 'beneficia más a los inquilinos que a los arrendadores', también destacó que el Ejecutivo ya está preparando una ley 'muy coincidente' con la de CiU, por lo que su formación no puede estar en contra de una iniciativa que 'completa' la gubernamental.
El portavoz de BNG, Francisco Jorquera, expresó su apoyo a la propuesta de CiU por su coincidencia con la creación del fondo 'antimobbing', si bien advirtió sus reservas por la falta de 'garantías judiciales' que recoge el texto.
'Caso de la Casa Tangora'
El Juzgado de lo Penal Número 2 de Bilbao ha condenado a penas de entre 39 y 69 meses de prisión a cuatro personas encausadas en un proceso de acoso inmobiliario en Getxo (Vizcaya), conocido como 'caso de la Casa Tangora', según explicó el abogado de la acusación particular, Ignacio Imaz.
La sentencia es una de las primeras sentencias condenatorias por 'moobing' inmobiliario, junto a la dictada ayer en Barcelona con penas de un año de prisión y 3.300 euros de multa.
En ella, la juez del caso reconoce la existencia de 'múltiples e incesantes actos de hostigamiento' a lo largo de 14 meses en 'un plan torticero' confeccionado para que los vecinos vendieran su vivienda.
La resolución se refiere al caso de acoso inmobiliario ocurrido en Getxo en 2003 en un piso de un palacete de lujo, después de que el denunciante, que vivía de alquiler en el piso inferior del inmueble, ejerciera su derecho a compra.
El segundo piso había sido previamente adquirido por J.J.R., quien también quería comprar el inferior y que, con el objetivo de que su nuevo propietario abandonara la vivienda, permitió la entrada en el piso a una familia de etnia gitana. Entonces, comenzaron, según el denunciante, 'todo tipo de perrerías' con el objetivo de 'amilanar su voluntad' y que los propietarios del piso inferior 'acabaran vendiéndole el piso'.
La sentencia, dictada y comunicada a las partes hoy, condena al hostelero que cedió su piso en el palacete de Getxo a la familia de etnia gitana, J.J.R., a 39 meses de prisión, dos años por un delito contra la integridad moral o una multa de quince meses a razón de 20 euros día por un delito de daños continuado, a la pena de 15 meses de prisión por un delito continuado de allanamiento de morada.
Además, impone a tres de los miembros de la familia que residía en el piso la misma condena. En concreto, a R.B., esta pena más seis meses de prisión por un delito de amenazas a D.E., y esta pena más dos años y seis meses de prisión por un robo a A.B.
La sentencia considera, según explicó el abogado de la acusación particular, que ha quedado acreditada la existencia de 'múltiples e incesantes actos de hostigamiento' que se repitieron a lo largo de 14 meses ejecutados con el propósito de 'minar la voluntad de las víctimas y provocar su hundimiento moral creando en efecto en ellos sentimientos de miedo, inseguridad e impotencia'.
Según recoge, estos actos se realizaron en ejecución de 'un plan torticero que tenía por fin último, bien que los vecinos del piso de abajo vendieran su vivienda o que ejecutaran las obras que pretendía hacer el inculpado, pero en cualquier caso doblegar su voluntad'.
De esta manera, se reconoce que existía 'un plan premeditado para hostigarles de forma permanente' y que este 'hostigamiento' se efectuó 'de forma efectiva con inundaciones voluntarias y permanentes, allanamientos de morada permanentes, un robo en el piso de abajo y con varias amenazas serias y graves'.
El abogado de la acusación particular destacó que esta sentencia contiene 'unas condenas muy severas', sobre todo, teniendo en cuenta la de Barcelona, un asunto que se inició 'más o menos a la vez'.
A pesar de que desde la acusación particular se solicitaba 'una pena algo superior' a la impuesta, su abogado afirmó que están 'muy satisfechos', ya que pretendían que 'se reconociera que había habido una voluntariedad en ese acoso y ese hostigamiento permanente que hubo en los 14 meses, y eso se reconoce de manera explícita en la sentencia'.
Copyright© 2010 Urbaniza Interactiva S.A. CIF A01306547
