La reciente medida gubernamental busca rescatar a las inmobiliarias y a prestar apoyo a los ciudadanos a través de una política de fomento del alquiler.
En el Instituto de Crédito Oficial (ICO) preparan la línea de crédito de 3.000 millones de euros que servirán para que empresas constructoras en dificultades puedan aliviar la situación, negociando con la banca la reconversión de sus préstamos a cambio de alquilar las viviendas ya concluidas durante algunos años. Después podrán recuperar la propiedad y sacarla a la venta, una vez que ya esté superada la crisis y se reactiven tanto la demanda compradora como el crédito hipotecario.
Todo apunta a que los principales beneficiarios de esta medida serán promotores pequeños y medianos de edificios residenciales localizados en zonas con fuerte demanda de alquiler.
Junto a la entidad bancaria con la que tienen contratada su deuda, podrán solicitar la intermediación del ICO para, con recursos procedentes de esa línea especial, mejorar las condiciones del préstamo. Según los casos, optarán por cancelar el crédito existente y contratar uno nuevo o por modificar las condiciones del vigente para alargarlo y suavizarlo, Durante un plazo anual por determinar -se ha hablado de siete a diez años- los alquileres percibidos ayudarán a pagar las cuotas. A la vez que el promotor obtiene liquidez y sale de la situación de asfixia económica, la entidad de crédito puede sacar su préstamo de la lista de dudosos.
Expertos del sector, no obstante, han precisado los límites de esta propuesta. No es viable, por ejemplo, para las segundas residencias costeras, que constituyen buena parte de un parque de 350.000 casas nuevas sin comprador, porque estas viviendas suelen ser habitadas por temporada y no se alquilan todo el año.
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