Corbacho apostó por ‘reflexionar’ con los agentes sociales y dentro del Pacto de Toledo sobre la idoneidad de alargar a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, advirtió de que insistir en la moderación salarial como fórmula para salir de la crisis económica puede generar una mayor ‘conflictividad’ laboral, con un resultado ‘peor’ que el que se podría obtener mediante una ‘congelación’ de los salarios.
Corbacho insistió en que, en el contexto actual de desaceleración económica y crecimiento del desempleo, la discusión del ‘no crecimiento de los salarios podría llevar a una cierta conflictividad’, y llamó la atención sobre el riesgo de llevar hasta ‘sus últimas consecuencias’ las recomendaciones del Banco de España.
Así, el titular de Trabajo recordó que en los últimos años ha habido una ‘paz social muy importante’ y se han perdido ‘pocas horas de trabajo’, circunstancia que consideró ‘muy importante’ preservar en un momento como el actual.
‘Cuidado, no llevemos la discusión a pretender fijar en exceso la reducción salarial, que nos lleve a abrir una vía de conflictividad’, añadió Corbacho, quien recordó el negativo precedente de la pasada huelga de transportistas. Por ello, hizo un llamamiento a la ‘responsabilidad’ de sindicatos y patronal para que cuando negocien los convenios preserven el ‘diálogo permanente y la baja conflictividad social’.
En opinión de Corbacho, aunque la moderación salarial siempre es bienvenida, ‘no se puede querer imputar el peso de la situación exclusivamente a los salarios’, sobre todo después de la moderación salarial experimentada en los últimos años. ‘Hay empresas que están registrando balances con unos beneficios muy potentes, por tanto, habrá que hacer sacrificios en las dos direcciones’, reiteró.
En este sentido, se mostró totalmente en desacuerdo con la idea de congelar los salarios independientemente de la cuantía de los mismos como medida para controlar la inflación. ‘Puedo estar de acuerdo con que se congele el sueldo de los ministros y de los altos cargos, pero este mensaje no se le puede trasladar a una persona que cobra 1.000 euros al mes porque ya está haciendo un sacrificio cada día’, añadió.
En cambio, sí defendió la necesidad de que el Gobierno envíe una señal de ‘moderación y contención’ con su decisión de congelar el sueldo de los altos cargos de la Administración Central para 2009, y agregó que esto será sólo una ‘anécdota que no servirá de nada’ si las administraciones autonómicas y locales no siguen este ejemplo. ‘Deben imitar esta propuesta’, reclamó.
Preguntado por un posible repunte de las prejubilaciones por la crisis económica, Corbacho afirmó que únicamente están justificadas cuando ‘realmente’ un sector económico no tiene otra alternativa, pero se mostró ‘totalmente en contra’ de generalizarlas.
Especialmente crítico se mostró con el sector financiero por ‘gastar el dinero en prejubilaciones’ en lugar de en formación continua. ‘Me parece injusto que el sector financiero prejubile a una persona con 52 años y un trabajador que está en el andamio tenga que estar trabajando hasta los 65 años’, apuntó.
Por ello, avanzó que trasladará a los agentes sociales esta ‘reflexión’ para encontrar un ‘amparo legal’ a la limitación de las prejubilaciones, de tal manera que sea una ‘excepción’ y no la regla.
Así, indicó que entiende que un sector determinado, como en su día fue la siderurgia, recurra a las prejubilaciones por tener una salida económica compleja, y añadió que, en esa situación, puede ser una medida ‘razonable’, pero nunca ‘como sistema’. ‘Una sociedad que se quiera amparar sobre las espaldas de una generación entre los 30 y 50 años, más tarde o más temprano, es una sociedad que entra en crisis’, advirtió.
El ministro tampoco ve con buenos ojos que en la situación actual de aumento del paro las empresas recurran a las horas extraordinarias, por lo que lanzó una ‘llamada’ al sector empresarial para que sea ‘restrictivo’ en el uso de horas extra, y les recordó que la flexibilidad del mercado laboral español es ‘suficientemente amplia’ como para recurrir a las mismas.
En materia de Seguridad Social, el titular de Trabajo indicó que este año toca revisar el Pacto de Toledo para ver qué reformas deben llevarse a cabo con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones teniendo en cuenta la evolución demográfica española y el aumento de la esperanza de vida, sistema que, en su opinión, goza actualmente de una ‘magnífica salud’.
Corbacho apostó por ‘reflexionar’ con los agentes sociales y dentro del Pacto de Toledo sobre la idoneidad de alargar a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones y que no sólo se tengan en cuenta los últimos 15 años como sucede ahora. Si un trabajador pierde su empleo a los 50 años, justo en el último periodo de su vida laboral en el que se calculará su futura pensión, es muy probable que cuando se jubile acabe teniendo un subsidio y no una pensión. ‘Es una reflexión que hay que tener presente’, reiteró.
Sobre la evolución del empleo en los próximos meses y, aunque defendió la validez de las tasas de paro previstas por el Ejecutivo en 2008 (10,4%) y 2009 (12,5%), Corbacho admitió que se seguirá destruyendo empleo, especialmente en el sector de la construcción y en las industrias asociadas al mismo.
Afirmó que este sector ‘ya ha recorrido más de la mitad del camino en términos de destrucción de empleo’, ya que la vivienda nueva ‘ha llegado a su suelo’ tras ocho meses en los que las promociones en este sector han caído ‘en picado’. ‘Aquí ya se ha destruido todo el empleo que se podía destruir’, añadió el ministro, tras indicar que todavía se pueden seguir perdiendo puestos de trabajo en todas aquellas viviendas que aún no están finalizadas.
Corbacho descartó que vayan a producirse cierres de empresas que puedan provocar desempleos masivos, como ha sucedido con la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, dado que parte de las inmobiliarias han colocado sus beneficios en otros sectores que no están en apuros.
El ministro tampoco cree necesaria una reforma del mercado laboral como una de las posibles medidas para paliar la pérdida de empleo, ya que, en su opinión, la crisis económica no tiene ‘ni origen laboral ni tiene que ver con la actual legislación que regula la contratación laboral’. ‘España tiene una legislación que no es verdad que no sea flexible; existen incluso demasiadas modalidades de contratación. No es un problema de la flexibilidad del mercado de trabajo lo que nos ha llevado a la situación actual’, subrayó.
El ministro reiteró el compromiso del Gobierno de elevar las pensiones mínimas y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en las cuantías previstas, y aseguró que ambos subirán en 2009 por encima de la inflación, ‘sea la inflación que sea’. Como consecuencia de la desaceleración económica, todo el incremento de las pensiones mínimas y del SMI previsto para el conjunto de la legislatura no se haga de forma equitativa en cada uno de los cuatro ejercicios, sino que el menor aumento de unos años se puede compensar con el mayor incremento de otros.
‘Si el objetivo a llevar a término en cuatro años es 100, se puede ver si en 2009 aumenta el 25% de ese 100 o se ajusta algo ese 25%. Parece razonable que si estamos pidiendo una cierta contención y moderación, igual un pequeño porcentaje de acotación hay que hacer’, concluyó.
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